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Piratería en alta mar

Los atuneros llevan al Parlamento Europeo su petición de militares a bordo en el Índico

Ingresa en prisión el presunto pirata "Abdu Willy" al determinar la Audiencia que es mayor de edad

 
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AGENCIAS - BRUSELAS/MADRID Representantes de los atuneros y eurodiputadas del PP y del PNV defendieron ayer en el Parlamento Europeo (PE) la presencia de militares en los barcos que faenan en el Indico, como la mejor solución para evitar ataques piratas como el secuestro del “Alakrana”.
La comisión de Pesca del PE celebró un debate sobre la piratería en el Indico, durante el cual los pescadores insistieron en que las flotas prefieren militares a bordo, además de señalar que los 40 buques españoles y franceses que faenan en el área no tienen caladeros alternativos.
El responsable de la organización de atuneros francesa Orthongel, Michel Goujon, afirmó que desde que en los barcos de su nacionalidad hay militares, los ataques han disminuido y en muchos casos han terminado por la fuga de agresores.
Goujon señaló que los atuneros prefieren esa opción “antes que guaridas privados”, porque los militares están mejor entrenados y tienen un protocolo muy preciso de intervención.
Las eurodiputadas Carmen Fraga (PP) e Izascun Bilbao (PNV) apoyaron el argumento del representante de los pescadores franceses.
En el debate no han estado los atuneros españoles, por una reunión en España acerca de la financiación de seguridad privada para sus barcos del Indico.
Goujon señaló que la operación militar “Atalanta” de la UE ha dado sus frutos y hay menos actos de piratería en el Golfo de Adén pero se han incrementado en la “cuenca somalí”. Así, reconoció que los pesqueros de España y de Francia salen de la zona recomendada por “Atalanta” para seguir el rastro del atún, especie migratoria, pero que “los marinos están concienciados y con voluntad de no tomar riesgos desmesurados”.

Cárcel para Willy

Por su parte, el presunto pirata somalí “Abdu Willy’”ya está en prisión, una vez que la Audiencia Nacional determinó que es mayor de edad. El juez que ordenó que entre en la cárcel fue Santiago Pedraz, el mismo que se inhibió en dos ocasiones porque aseguraba que no se podía demostrar que el corsario tuviera más de 18 años. El pirata está acusado de 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas, los mismos delitos por los que imputó Baltasar Garzón.

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