El Gobierno tiene previsto modificar el impuesto de circulación que cobran los ayuntamientos para que paguen más los vehículos que más contaminen, sustituyendo el sistema actual de abono en función de la potencia fiscal.
El secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, confirmó ayer que ya se ha enviado la propuesta de modificación a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y aunque eludió concretar fechas sobre la entrada en vigor de esta modificación, mostró su confianza en que sea “pronto”.
Ocaña señaló, en un encuentro celebrado con empresarios de Aragón, que “no se trata de subir el impuesto, sino de ajustar lo que cada uno paga a lo que contamina”. Una medida en línea con lo que se ha hecho ya con el impuesto de matriculación.
El Gobierno negociará ahora con los ayuntamientos, a los que tiene cedido este impuesto, pero, según aseguró Carlos Ocaña, será una negociación de “naturaleza técnica”, porque los municipios “en general, están de acuerdo y conformes con la modificación”.
Veinte años
El impuesto de circulación, que en realidad se denomina impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se creó hace casi 20 años y los ayuntamientos tienen capacidad para fijar la tarifa dentro de unos determinados márgenes.
Eso se traduce en enormes diferencias entre municipios, hasta el punto de que se han registrado cambios de empadronamiento de automovilistas a municipios con menor presión fiscal. La medida que estudia el Gobierno supondrá acabar con esos “paraísos fiscales” para este concepto tributario.
La asociación de consumidores Facua advirtió ayer de que los vehículos que más emisiones de CO2 emiten son los más antiguos y suelen corresponder, generalmente, con las rentas más bajas.
“Se puede penalizar a quien no tiene culpa de que su coche contamine”, alertó Facua.
