El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Vigo sentó ayer en el banquillo a trece trabajadores del sector del Metal por los incidentes y destrozos que se registraron en la jornada de huelga del 8 de mayo de 2006, once de ellos pertenecientes a la Confederación Intersindical Galega (CIG). Todos ellos negaron las acusaciones de la fiscalía sobre su participación en los hechos y en términos generales culparon a la Policía de "confusión a la hora de las detenciones".
A los trece imputados la fiscalía solicita un año y medio de prisión por desórdenes públicos y a tres de ellos otros dos años de prisión por atentado contra la autoridad. Además otros cinco se enfrentan a una multa conjunta y solidaria del pago de 1.971 euros por destrozos a los vehículos policiales y otro por una falta de daños.
La vista comenzó pasadas las diez de la mañana justo en momento que muchos de sus compañeros abandonaban sus puestos de trabajo para concentrarse en la Praza do Rei y desde allí dirigirse a los juzgados. La de ayer por la mañana ha sido la primera vista de las tres que se celebrarán esta semana. En ella se tomó declaración a los imputados, mientras que en la de hoy lo harán catorce miembros de la Policía Nacional –al parecer una agente, testigo clave en los hechos, no podrá hacerlo por encontrarse en un estado avanzado de gestación- y el miércoles, último día, acudirán los testigos de la defensa y se dará lectura a las conclusiones.
Los once militantes de la CIG se negaron a contestar las preguntas formuladas por la fiscal y sólo se limitaron a responder a las preguntas de su abogada, Andrea González. Todos ellos, aunque reconocieron el haber asistido ese día a la manifestación, defendieron su inocencia y aseguraron no haber participado en los hechos que se les imputan. Sólo dos de los imputados, uno de CC OO y otro independiente, accedieron a contestar a las preguntas de la acusación pública y también de la defensa.
Todos ellos negaron haber participado en los incidentes que se desarrollaron en la estación de Renfe asegurando que "se encontraban a la cola de la manifestación" y también afirmaron que no habían llegado a la Plaza de España donde tuvo lugar una nueva refriega.
Las argumentaciones de todos ellos eran similares y en ningún caso aceptaron la menor responsabilidad en lo ocurrido. La mayoría consideró su detención como arbitraria y como resultado de "una equivocación" y negó el haber tirado piedras contra los agentes, los vehículos policiales o el haber destrozado mobiliario público.
La abogada de los once militantes de la CIG aportó al tribunal fotografías de los hechos en las que se veía la contundencia de la acción policial. Para la vista de mañana esta llamado a declarar como testigo un fotógrafo de prensa que cubrió los acontecimientos de aquel mes de mayo de 2006.
En el banquillo se sentaron los militantes de la CIG Miguel Amoedo Acuña, Pablo Paredes Calvo, Pablo Rodríguez Bastos, Juan Pérez Pérez, Juan Manuel Fernández Costas, Feliciano Bastos Álvarez, Juan A. Aboy Rodríguez, Alberto García Barciela, Alberto Rubén Comesaña, Damián Fernández Ordóñez y Oscar José Costas Pereira. También el afiliado de CC OO Juan J. Reyes Barreiro y el independiente, que acudió con un abogado de oficio, Fernando Durán Pujales. A la vista acudieron los secretarios comarcarles de la CIG, Xerardo Abraldes, y el de CC OO, José Cameselle, además de otros representantes sindicales. A última hora también acudió el secretario general de CIG en Galicia, Xurxo Seixo, que se dirigió al estrado para conversar con el juez.
El secretario comarcal de la CIG, Xerardo Abraldes, manifestó al inicio del juicio que "es indiferente el que once de los trece imputados en este juicio sean de la CIG o no. Lo importante es que son trece trabajadores del sector del metal y cualquiera de los trece estaban en ese momento luchando por su convenio colectivo en las calles".
Para Abraldes, en el banquillo se sientan trabajadores que vieron como sus compañeros sufrieron "una gran carga policial" y lesiones "bastante serias con roturas de extremidades a causa de impactos de pelotas de goma y que sus denuncias fueron posteriormente archivadas y los correspondientes recursos también".
El secretario comarcal de la CIG indicó que contra estos trabajadores "sólo hay el testimonio de la Policía y nada más. Se les acusa de atentado cuando lo que parece es que existen claramente dos varas de medir: una para los trabajadores y otra para las fuerzas de seguridad".
