Los 13 acusados por los altercados generados en Vigo durante la huelga del metal el 8 de mayo de 2006 han negado hoy su participación en los hechos que se les imputan. A pesar de haber reconocido su participación en la marcha que tuvo lugar dicho día, los encausados afirmaron que no estuvieron en los lugares donde se originaron los disturbios y que fueron detenidos sin recibir explicaciones.

Así lo sostuvieron de manera unánime durante la primera sesión del juicio que se celebra en su contra en la sala de lo penal número 2 de los juzgados de Vigo y que se desarrollará hasta el miércoles. Los diferentes cargos que pesan sobre los encausados son derivados de los enfrentamientos que se produjeron el mencionado día entre la policía y los manifestantes en las proximidades de la estación de Renfe y que luego se trasladaron a la Plaza de España, donde tuvieron lugar sendas cargas policiales. Según la Subdelegación del Gobierno, éstas se habían producido por el intento de los huelguistas de romper un cordón policial y por lanzar piedras contra los agentes. Como resultado de los disturbios, además de los 13 detenidos, resultaron heridas unas 30 personas.

Durante la vista de hoy, todos los acusados han reconocido su participación en las movilizaciones de dicho día pero han mantenido que nunca se acercaron a la estación de ferrocarril y que no participaron en los incidentes posteriores. Siete de los trece imputados --Luis A.B., Damián F.O., Oscar J.C., Fernando D.P., Feliciano B.A, Pablo R.B. y Miguel A.-- se enfrentan a penas de un año y tres meses de cárcel por una única acusación de desórdenes públicos.

No obstante, sobre otros dos encausados, Juan Manuel F.C. y Alberto R.C., pesan también cargos por un supuesto delito de daños, que sería castigado con una multa de 10 euros diarios a pagar durante un año y tres meses. Además, Alberto G.B., Juan P.P. y Pablo P.C. se enfrentan a todos los cargos anteriores y a otro añadido por un supuesto delito de atentado contra la autoridad, que podría suponerles dos años de prisión.

Por último, Alberto A. está acusado del delito de desorden público que afecta a todos los imputados y también responde ante el juez por una falta de daños que le generaría una multa de 10 euros diarios durante 20 días.

De rojo

Los encausados sólo ha respondido a las demandas de su letrado, que incidido en la importancia de la vestimenta que llevaban ese día los detenidos. Uno de ellos, Alberto A., declaró que durante su arresto escuchó cómo desde la emisora de la policía una voz ordenaba "detener al de rojo". Igualmente, otro encausado, Damián F.O., aseguró que cuando la policía entró en la cafetería en la que se encontraba para esposarle un agente ordenó dirigirse "a ése de rojo".

Por ello, uno de los letrados que actúa como defensa en la causa ha preguntado a todos los acusados por la vestimenta que llevaban ese día, ante la suposición de una orden que finalmente fue ejecutada de manera indiscriminada. Ante dicha cuestión, muchos de los imputados respondieron que ese día portaban ropa de color "rojo".

Protestas de los sindicatos

Los tres sindicatos principales que representaron a sus trabajadores durante el conflicto --UGT, CC.OO. y CIG-- se han solidarizado hoy con los encausados. Además de la manifestación que recorrió las calles de Vigo por la mañana, varios líderes de estas plataformas acudieron a la vista celebrada en los juzgados de la ciudad olívica.

Antes de la sesión, el secretario comarcal de la CIG en Vigo, Xerardo Abraldes, denunció que las acusaciones se basan "únicamente en la versión policial". Asimismo, uno de los acusados, Alberto R.C., aseguró antes de la vista que "no hay pruebas" que les inculpen y que el único argumento del Ministerio Fiscal es "la palabra de los policías contra la nuestra".