AGENCIAS/REDACCIÓN - MADRID/ VIGO
El Gobierno central ha cedido en su blindaje inicial que impedía, por ley, prestar asistencia en seguridad a la flota atunera que trabaja en el Índico pese a la cascada de ataques piratas que sufren en los últimos meses. Precisamente el pesquero vasco Alakrana, con 36 tripulantes a bordo (ocho de ellos gallegos), lleva más de 15 días secuestrado por piratas somalíes cuyo único objetivo es el cobro de un elevado rescate para proceder a su liberación.
El sector atunero español había solicitado en varias ocasiones al Gobierno embarcar militares para poder defenderse de los corsarios. Pese a que este modelo fue ideado por Francia e imitado por Italia, el Ejecutivo español negó este tipo de asistencia alegando que la legislación vigente no lo permitía. Todo apunta a que el Gobierno seguirá negándose a embarcar infantes de marina pero, al menos, ha accedido a realizar modificaciones legales para que los pesqueros puedan llevar a bordo armas pesadas.
El Ministerio del Interior está perfilando los cambios legales que permitirán a los atuneros que faenan en aguas del Índico llevar armamento militar a bordo para incrementar su seguridad ante los ataques de los piratas somalíes. Los responsables de Defensa e Interior analizan esta reforma legislativa después de que el pasado jueves, en una reunión con el Gobierno, los armadores pidieran embarcar provisionalmente en los atuneros a agentes de seguridad privada de países de la UE mientras se completa la formación de vigilantes españoles en el uso de armamento militar. Este armamento, consistente en metralletas y fusiles de asalto, según los armadores, permitiría a los atuneros defenderse y evitar secuestros como el sufrido por el Alakrana. Es la alternativa que el Ejecutivo español considera más idónea, pues estima que embarcar en los pesqueros a infantes de marina no se ajusta a la ley.
Fuentes de los armadores dan por hecho el sí del Gobierno a esa solicitud, aunque están a la espera del documento en el que se plasme el resultado de las negociaciones y la propuesta de cambio legal. Por su parte, fuentes del Ejecutivo aseguran que no se ha dado una contestación definitiva y que los Ministerios de Defensa e Interior están analizando las posibilidades. De hecho, está previsto que el lunes continúen las conversaciones entre Defensa e Interior en torno a este asunto. La intención sería lograr un acuerdo para modificar la ley de seguridad privada (cambio que le correspondería realizar a Interior) con el fin de que empresas de seguridad españolas colaboren con otras de la UE para el uso de armamento militar. El cambio legal podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo viernes 23 de octubre.
