Los dos juzgados de lo Mercantil inician el último trimestre del año con un volumen de trabajo inusual debido a los efectos de la crisis económica. Las dramáticas dificultades por las que atraviesan algunos sectores de la actividad empresarial en la provincia se traducen en la solicitud de los procedimientos concursales, antes conocidos como suspensión de pagos. El último recuento, realizado esta misma semana, concluye que esas dependencias tramitan 219 procedimientos de este tipo. Desde los sindicatos apuntan que de todas las firmas que optaron por esta medida en 2009 sólo dos siguen en pie.
La dependencia Número 1 estudia en la actualidad 109 casos, mientras que la Número 2 acumula 110. De cualquier modo superan las estimaciones que, a principios de año, sostenían juristas y economistas, las de que esta clase de procesos al menos se duplicarían con respecto al año pasado. Ahora estos más de dos centenares se encuentran en diversas fases, como las correspondientes al estudio sobre la admisión de la solicitud, la adjudicación de los administradores que negociarán con las partes acreedores o el último paso hacia la liquidación.
En Galicia, las declaraciones de concursos de acreedores se incrementaron un 5% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 220, según el baremo concursal elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En todo el Estado aumentaron un 161% durante los nueve primeros meses del año, sumando un total de 4.299 frente a las 1.644 insolvencias registradas en el mismo periodo de 2008, y suponen ya un 50% más del total de concursos publicados el año pasado.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña declaró el pasado 16 de septiembre en concurso de acreedores a la peletería Olga Ríos tras constatar que la sociedad limitada es incapaz de hacer frente a una deuda aproximada de un millón de euros.
El concurso ha sido promovido por la propia gerente de la empresa, Sonia Ríos –hija de la peletera que da nombre a la sociedad y que actualmente está jubilada–, al verse abocada a una situación de insolvencia de la que no dudó en acusar a las entidades financieras en declaraciones a este periódico.
"Los bancos han dado durante 15 años líneas de crédito a mi madre que de un día para otro han desaparecido", explicó la titular del negocio, quien añadió que la empresa se deshizo de sus empleados para evitar que se vieran afectados por la suspensión de pagos. "Lo planificamos así y ahora estoy yo sola", detalló.
