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AGENCIAS - MADRID
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 que ayer entró en el Congreso de los Diputados plantea recortes de gastos e inversiones para encarar otro año de dificultades económicas en el que la Administración deberá hacer frente, entre otros esfuerzos de corte social, a un aumento cercano al 58% en las prestaciones y subsidios para los parados. Esas mismas cuentas prevén que el deterioro de la economía se modere, aunque la tasa de paro rondará el 19% y España destruirá 300.000 puestos de trabajo más.
El primer proyecto presupuestario firmado por la vicepresidenta y ministra de Economía Elena Salgado ha dado con la fórmula, según el Gobierno, para proponer a los Grupos Parlamentarios unas cuentas "austeras" y que permiten a un tiempo sostener el gasto social, mantener bajo una disciplina razonable el déficit público –estimado en el 5,4% del producto interior bruto (PIB)– y contribuir a que el país mejore su modelo productivo.
Con esos propósitos, Elena Salgado, flanqueada ayer por los secretarios de Estado de Economía, José Manuel Campa, y de Hacienda, Carlos Ocaña, presentó las cuentas de 2010 asegurando que incluyen "una contención del gasto que no tiene precedentes en los últimos años". De esa austeridad es una muestra, destacó, la congelación salarial de los altos cargos del Estado, incluidos la Casa Real, y la caída del 5,4% de media en los presupuestos de los Ministerios. No obstante, aún crecen los gastos de personal (2,7%), algo que Salgado atribuyó al esfuerzo para mejorar los recursos humanos en seguridad ciudadana y justicia.
Pensiones
El conjunto de las cuentas públicas ligadas a la Administración estatal –incluida Seguridad Social, organismos autónomos y otros apéndices– moverán el próximo año unos 355.000 millones de euros. Algo más de la mitad (el 51,6%) se destina a políticas sociales. En total, 180.848 millones, 6.636 más (3,85) que en 2009. Las pensiones se llevan la mayor parte (108.283 millones) y la atención a los desempleados registra el más relevante incremento de todas las cuentas.
Entre prestaciones, subsidios, cotizaciones y otras políticas, la cobertura social para los 4,3 millones de parados que España tendrá en 2010, según las estimaciones del Gobierno, requerirán 30.975 millones de euros, un 57,9% más que durante el ejercicio actual. Tal incremento recoge el coste de la nueva prestación de 420 euros al mes recién aprobada para los parados que agoten el resto de los subsidios. Crecen asimismo otros capítulos del gasto social, como las pensiones (2,1%) y la partida para sufragar la aplicación de la ley de dependencia, que se acerca a los 1.600 millones.
Elena Salgado y su equipo enfatizaron que, pese a la austeridad y al intento de embridar el déficit, la Administración mantiene un tono inversor a la altura de lo que se exige de un presupuesto para contribuir a la salida de la crisis y al cambio del modelo de crecimiento, anunciados también como objetivos medulares de la política económica de Zapatero.
No obstante, el Gobierno ha añadido recortes que afectan a la inversión. La del conjunto de la Administración desciende el 2,4%. Baja algo más el capital que se destinará a las infraestructuras de Fomento (3,88%), hasta los 21.240 millones. Es así por el recorte en obras hidráulicas y medioambientales. Sí se mantienen las partidas para las infraestructuras del transporte gracias a la inversión en ferrocarriles por la alta velocidad, el apartado más importante de este epígrafe con 13.902 millones.
Pese a esas cifras, Salgado explicó que la caída de la inversión está en parte provocada por el aplazamiento de los pagos en función del año en que realmente se ejecuten las obras y "se compensa con las actuaciones de las Sociedades Públicas Estatales". Cae además un 3,1% el gasto en investigación y desarrollo, una de las políticas señaladas como capitales para modernizar la economía. La Ministra quitó hierro a ese recorte y señaló que se compensa con otros fondos.
Por el lado de la ingresos, las cuentas recoge el efecto de la anunciada subida de impuestos (subida del IVA y del IRPF para las rentas de capital y supresión de la deducción de 400 euros) y confía en recaudar hasta un 21 por ciento más que en 2009 gracias en parte a esa reforma fiscal y a la mejora de la actividad económica que espera el Ejecutivo.
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