Una subida fiscal sobre las rentas medias

JAVIER CUARTAS La mayor parte de la recaudación adicional que prevé obtener el Gobierno con la reforma fiscal que acaba de aprobar para 2010 (y que deberá aún superar el trámite parlamentario) procederá de las rentas medias y del trabajo, según la generalidad de los analistas que se han manifestado desde que el sábado se desveló el plan gubernamental, y no de las rentas altas, como había prometido el ejecutivo, y pese a que el Gobierno ha introducido progresividad en la revisión del impuesto sobre rendimientos de capital y la ha aumentado en el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Que la mayor carga impositiva recaiga sobre las clases medias obedece en primer lugar a un puro efecto estadístico. El universo de sujetos fiscales insertos en ese estrato social y cuya principal fuente de ingresos son las rentas de trabajo es muy abultado mientras que el censo de grandes fortunas es pequeño. Por lo tanto, el mayor porcentaje recaudatorio siempre provendrá inevitable del mayor colectivo.
De ahí que, aun cuando el proyecto remitido a las Cortes introduce progresividad en las rentas de capital (soportarán un gravamen 2 puntos superior quienes rebasen los 6.000 euros en plusvalías e ingresos financieros), y aunque se aumenta 2 puntos el tipo general del IVA frente a sólo 1 el tipo reducido (bienes y servicios de uso más común) y no se toca el tipo superreducido (productos y prestaciones de primera necesidad), de los 10.950 millones que se prevé de recaudar de más en 2011 (en 2010 el aumento será menor: 6.500 millones), más de la mitad (5.700 millones) procederá del IRPF, 5.150 millones, del IVA y 800 millones de los rendimientos de capital.
Además del efecto estadístico y poblacional (los contribuyentes ricos son muchos menos que los sujetos fiscales modestos, que son la generalidad, por lo que la suma agregada de tributaciones de los primeros siempre resultará menor que la de los segundos), en este caso es determinante la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF que el Gobierno socialista introdujo en 2008.
Esta medida, que fue copiada de George Bush como política de inyección de liquidez en las familias para alentar el consumo, fue reclamada entonces en España por la oposición pero su desaparición ahora fue una demanda tanto del PP como de la patronal y numerosos analistas.

Rebaja fiscal
La supresión de esta deducción (que en realidad fue una rebaja fiscal) es la que deparará el 52,05% del aumento recaudatorio previsto y lo que hace recaer sobre el IRPF(y en buena medida, por tanto, sobre las rentas de trabajo) algo más de la mitad de los ingresos adicionales que pretende el fisco.
La elevación de dos de los tres tipos del IVA supone un aumento de la imposición indirecta, que tradicionalmente se ha considerado menos progresiva y justa porque grava igual por la misma adquisición a todos los sujetos fiscales, cualquiera que sea su nivel de renta.
Sin embargo, en la práctica no es así. Porque quienes más renta tienen son los que tienden a consumir más y a demandar, por añadidura, bienes y servicios más caros.
Por lo tanto, individualmente considerados, lo normal es que los contribuyentes ricos paguen un volumen total de IVA mayor que cualquiera de los sujetos fiscales con menos recursos aunque ambos paguen lo mismo por el mismo bien o servicio y aunque, globalmente considerados uno y otro colectivo, las clases populares (más numerosas) contribuyan más –en conjunto– que las más adineradas.
Tras el Consejo de Ministros, se le reprochó, precisamente, a la ministra de Economía, Elena Salgado, que el aumento del IVA, que afecta a todos los ciudadanos, vaya a aportar el 47,03% del aumento recaudatorio esperado mientras que del mayor gravamen de las rentas de capital sólo se prevé que sólo el 7,3% de los 10.950 millones que se esperan captar de más).
Pero la ministra y vicepresidenta Salgado indicó que el aumento de la presión es la misma en un caso y otro porque el incremento recaudatorio previsto tanto en el IVA como en el impuesto sobre los rendimientos del capital se sitúa en un 13% sobre lo que se venía tributando hasta ahora en España por ambas figuras fiscales.
España se encuentra, además en una encrucijada porque precisa recaudar más para aliviar el déficit público (aunque la deuda pública sigue muy contenida respecto a otros países y la Unión Europea) pero a la vez no debe desalentar fiscalmente ni el ahorro ni el consumo porque precisa aumentar ambos simultáneamente pese a que se tratan de dos objetivos por lo común antitéticos.

La reforma penalizará al sector con mayor consumo
La factura de la crisis se pasa a nombre de todos. Expertos economistas convienen que la subida de impuestos anunciada por el Gobierno no concentra el peso de la nueva carga sobre las espaldas de las rentas más altas. Más bien la reparte al gravar el consumo subiendo el IVA, afirman, y penalizar a los sectores sociales menos acaudalados y "que dedican más porcentaje de su renta al gasto", según explica Juan Velarde, catedrático de Economía Aplicada. "Los ricos no son los que destinan una parte notable de sus rentas a actividades vinculadas al IVA", apostilla.
En este punto, sin embargo, hay quien matiza animando a mirar "no sólo lo que vamos a ingresar, sino en qué lo vamos a gastar". Francisco Blanco, profesor de Hacienda Pública, acepta que la reforma tiene "un componente poco ideológico, es muy pragmática", y no cumple aquella promesa de concentrar el esfuerzo en las clases adineradas, pero es "acertada" y sube el IVA "en el momento oportuno". "Hay que tener en cuenta", asegura, "en qué vamos a gastar ese dinero, que va a ir al subsidio de desempleo, a políticas sociales o a mantener las rentas de aquellos a los que les está yendo peor en la crisis".
No tan optimista, Juan Velarde, vocal del Tribunal de Cuentas y premio Príncipe de Asturias, apunta que la concentración del esfuerzo en los niveles más bajos de renta a través de la subida de los tipos general y reducido del IVA va a afectar al consumo y a "empeorar la distribución de la renta. La segunda consecuencia será que se encarezcan determinados productos que están en el mercado, que se van a vender menos, lo que supondrá un factor de freno para muchas actividades y forzosamente tendrá una repercusión en el empleo". Por lo demás, el efecto del incremento impositivo sobre las arcas públicas "puede que aumente algo los recursos del Estado", concede, "pero no va a resolver básicamente ningún problema". Porque estas dificultades, concluye, "no se resuelven nunca por el lado de la subida de los impuestos, sino por el de la disminución del gasto, que es lo que se ha abandonado".