Sólo 5.000 parados han pedido la ayuda de los 420 euros

EFE El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, confirmó hoy que a fecha de ayer se habían reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) más de 5.000 solicitudes para la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación desde el 1 de agosto.

Así lo explicó Corbacho durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, en la que explicó que la financiación de este programa será con cargo a los presupuestos del SPEE a través de un suplemento de crédito.

En cuanto a las acciones que se incluyan en los itinerarios de empleo se financiarán con cargo a los presupuestos de los Servicios de Empleo competentes.

Corbacho reiteró que esta medida fue adoptada por el Gobierno porque consideró "urgente e inaplazable" ampliar la cobertura de los trabajadores que hayan agotado su prestación, tras la ruptura del diálogo social, acuerdo que no fue posible porque la patronal decidió no suscribirlo.

El ministro insistió en que el Gobierno sigue apostando por el proceso del diálogo y la concertación social, aunque consideró que "deben desaparecer los condicionantes y posturas intransigentes" que impidan alcanzar acuerdos.

En este sentido, subrayó que el Gobierno seguirá adoptando en el futuro todas las decisiones que estime necesarias, tanto para favorecer el empleo y la actividad económica, como para asegurar la protección social de quienes pierdan su trabajo.

Durante su comparecencia, Corbacho explicó la evolución del proceso del diálogo social con los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) en sus tres fases de desarrollo desde la Declaración del 29 de julio de 2008, cuando se inició.

También intervino para informar a los diputados sobre la ayuda de los 420 euros, medida que se aprobó por Real Decreto el pasado 13 de julio en Consejo de Ministros.

Recordó que el diálogo social se ha caracterizado por un trabajo "intenso", con una agenda de "temas objeto de negociación" confeccionada "casi siempre" de común acuerdo entre las partes y que se ha desarrollado en un contexto marcada por una crisis económica "sin precedentes".

Puntualizó que si hace algo más de un mes había "expectativas ciertas" de alcanzar un acuerdo es porque todas las partes implicadas estaban "convencidas" de conseguirlo y que fue la patronal CEOE quien rompió las negociaciones porque reivindicó cuestiones "inasumibles" en términos presupuestarios.

En este sentido, se refirió la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en 5 puntos, la exoneración a las empresas del pago de las prestaciones de incapacidad temporal del cuarto al decimoquinto día, reformar el tratamiento de los expedientes de regulación de empleo o hacer una "profunda reforma laboral".

Estas reivindicaciones empresariales implicaban un gasto superior a 18.000 millones de euros que provocaría el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social "amenazando la seguridad de millones de trabajadores y pensionistas", añadió.

Aunque el Gobierno "lamenta" profundamente esta decisión, señaló Corbacho, ha considerado "necesario, urgente e inaplazable" articular los mecanismos que amplíen la cobertura de la protección de quienes hayan agotado su protección por desempleo "para impedir o mitigar con ello el riesgo de exclusión social".

Por ello, el Ejecutivo aprobó esta ayuda de "421,79" euros al mes, que es incompatible con la percepción de los salarios sociales, las rentas mínimas o ayudas análogas y que permite a los beneficiarios tener derecho a la asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones familiares.