REDACCIÓN - VIGO
Factorías Vulcano asegura que tiene de plazo dos años para vender los dos sísmicos sin que sus financias se resientan. El director financiero del astillero vigués, José Domínguez, se mostró convencido de que la actual situación "se resolverá pronto" y anunció que la empresa ha emprendido una "batalla legal" con la naviera noruega Pretroleum Geo Services (PGS) que encargó los dos buques al no coincidir la anulación de los pedidos con lo estipulado en el contrato de construcción.
Uno de los sísmicos se encuentra prácticamente finalizado y el otro está a medio hacer. El coste de los dos barcos supera los 90 millones de euros y si no se produce un acuerdo de venta, Vulcano podría encontrarse dentro de uno meses en dificultades.
Sin embargo, Domínguez aseguró que el astillero "cuenta con un amplío margen de tiempo para resolver este contratiempo y encontrar un comprador", pero negó tajantemente que la empresa "se encuentre en una situación de inminente insolvencia financiera".
De hecho, los contínuos aumentos en la cotización del precio del barril de crudo hacen cada vez más rentables este tipo de embarcaciones de alta tecnología y con grandes capacidades para detectar bolsas petrolíferas submarinas.
Los expertos sostienen que la inversión en unidades de búsqueda de petróleo en los océanos son rentables a partir de que el precio del barril de crudo supere los 70–75 dólares.
La construcción de las dos embarcaciones se había iniciado en el astillero asturiano del Grupo, Juliana, y ante las dificultades surgidas para continuar la actividad fueron conducidos a Vigo el pasado mes de diciembre para terminar de construirlos.
En el caso de que el armador noruego no acabe de aceptar la compra definitiva de los dos barcos, Vulcano tendría que devolverle un total de 64 millones de euros, que la armadora entregó como anticipo por la construcción de los dos buques sísmicos. Esta cantidad también tendría que ser devuelta, 32 millones por cada buque, en el caso de que sean vendidos a un tercero. La huelga del metal terminó por agravar la situación que se inició en el astillero Juliana de Gijón, al demorar en exceso los plazos de entrega.