Los nuevos análisis de marea roja que propone la UE amenaza la continuidad de bateas gallegas

MANUEL MÉNDEZ AROUSA La conselleira de Mar, Rosa Quintana;_el director xeral de Competitividade e Innovación,_Juan_Carlos Maneiro; y la directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez, reunieron de urgencia a dirigentes del sector mejillonero para informarles de las pretensiones de la Comisión Europea, que encargó un estudio de las biotoxinas marinas en el que se plantea imponer un sistema de análisis de la marea roja mucho más restrictivo que el actual y que, a la postre, multiplicaría el cierre de bateas.
A grandes rasgos, y para que se entienda, la propuesta europea pasa por reducir prácticamente a la mitad los niveles mínimos de detección de las biotoxinas, es decir, que los cierres de las bateas se decretarían con unos índices de fitoplancton portador de biotoxinas mucho más bajos que ahora.
Lo que quiere la Xunta, tanto desde Mar como en Sanidade, es mantener los controles actuales, pues considera la propuesta de la UE_"mucho más restrictiva"_y, desde luego, arriesgada para el sector mejillonero.
Con los análisis actuales hay polígonos bateeiros que permanecen cerrados durante 200 ó 300 días al año, en campañas especialmente intensas para la marea roja. A modo de ejemplo, la ría de Pontevedra está cerrada desde marzo. En caso de aplicarse las medidas restrictivas que plantea la UE los cierres podrían prolongarse ininterrumpidamente en algunas rías durante todo el año, y quizás por más tiempo, por lo que bateas afectadas dejarían de ser rentables y muchas de ellas estarían abocadas a la desaparición.
"Lo que queremos dejar claro es que las analíticas que plantea la UE no deben aplicarse, y vamos a trabajar para impedir que así sea", esgrimieron ayer los representantes de Mar y Sanidade ante los bateeiros reunidos en el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), con sede en Vilaxoán (Vilagarcía).
"No estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta de la UE_y así queremos transmitirlo al sector", apostillan en la Xunta, donde saben que el dictamen europeo puede ser "impuesto por la fuerza" desde Bruselas, "pero confiamos en que esto no ocurra y vamos a mantenernos firmes, con apoyo del sector".
En caso de imponerse la analítica planteada por la UE tampoco serviría el actual sistema de bioensayo con ratón, el cual, dependiendo del tiempo que tarde en morir el ratón inyectado con las biotoxinas, permite determinar la presencia de marea roja, y por tanto determinar qué bateas pueden permanecer abiertas y cuáles deben estar cerradas. No sirve porque al reducirse los niveles mínimos de detección hasta los niveles que propone la UE_este bioensayo no tendría validez alguna.
Lo que hizo la Comisión Europea fue encargar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que realice una valoración de los niveles máximos actuales de varias biotoxinas marinas permitidas en la UE para evaluar los métodos de análisis empleados para detectarlas.

Informes jurídicos y administrativos avalan el "contador a cero" para los parques de cultivo
Dirigentes del sector mejillonero gallego tienen su poder desde hace más de un año diversos informes jurídicos que avalan la legalidad de "poner los contadores a cero" para las bateas, es decir, que el periodo de concesión de los parques de cultivo empiece a contar desde la aprobación de la nueva Lei de Pesca, como pretende la Consellería do Mar.
En esos documentos también se contempla la posibilidad de renovar concesiones sin necesidad de someterlas a concurso público, e incluso concederlas directamente por el plazo máximo que contempla la ley, es decir, por 30 años, sin renovarlas cada década.
Todo esto da la razón a una minoría del sector productor que a lo largo del pasado ejercicio repitió por activa y por pasiva que poner los contadores a cero era legal y que el concurso público era incluso una amenaza para el propio sector.
Los informes jurídicos que les dan la razón fueron, curiosamente, encargados por la comisión mejillonera que representaba a la mayoría y que llegó a decir por boca de alguno de sus portavoces que los "contadores a cero" no son legales.
Según el catedrático José Luis Meilán Gil, para las concesiones existentes a la entrada en vigor de la nueva ley "puede preverse en ella una disposición transitoria que las ponga a cero, es decir que se transformen en una nueva concesión. No se trataría, por tanto, de una prórroga de la misma concesión, sino de una novación".