Dos huelguistas del metal condenados a año y medio de cárcel y 6.000 euros de multa

REDACCIÓN VIGO Dos huelguistas del metal, Francisco Javier S.R., de 37 años de edad, y Roi L.O., de 24 años, fueron condenados por un juzgado de Vigo a la pena de un año y medio de prisión por un delito de desórdenes públicos por los incidentes que protagonizaron durante la huelga del sector en mayo de 2007.
Los dos trabajadores también fueron condenados a pagar multas por valor de 1.200 euros cada uno de ellos y una indemnización solidaria de 4.008 euros.
Según la sentencia del titular del Juzgado Penal número 3 de Vigo, ambos son culpables de los delitos de desórdenes públicos y de daños, así como de una falta de lesiones contra el conductor de un autobús, al que agredieron duranteuna manifestación el 9 de mayo de 2007.
El magistrado considera probado que los dos acusados participaron en esa agresión, así como en los daño al microbús. En su sentencia, explica que, pese a que los encausados se negaron a declarar en el juicio y sus letrados negaron su participación en los hechos –pidieron la libre absolución–, los testimonios de dos policías de paisano les sitúan en el lugar de los incidentes y, de hecho, uno de los agentes reconoció a uno de los acusados por sus antecedentes policiales por malos tratos.
Los hechos se remontan a mayo de 2007 durante una huelga del metal, cuando un grupo de manifestantes, entre los que estaban los acusados, rodeó a un autobús en la Gran Vía, frente a ´El Corte Inglés´. Cuando el conductor intentó reanudar la marcha, varios huelguistas se encaramaron al vehículo y le golpearon hasta dejarle inconsciente. En ese momento el automóvil recibió una pedrada, y fue rodeado por unos 400 huelguistas, recibiendo numerosos golpes que le causaron desperfectos.
Por esta razón, el juez condenó a los dos trabajadores imputados a un año y medio de cárcel –por el delito de desórdenes públicos– a una multa de 12 meses a razón de 3 euros diarios –por los daños continuados–, y a una multa de 40 días a razón de 3 euros por día por las lesiones.
También tendrán que hacer frente a una indemnización solidaria de 4.008 euros a la empresa de transportes "Autos Pazos" por los daños en el microbús, mientras que no se establece responsabilidad civil al haber renunciado el conductor expresamente a ser indemnizado.
Los condenados, para los que en un principio se solicitaron penas de cárcel superiores a los cuatro años para cada uno de ellos, son afiliados a la CIG, que se encarga de la cobertura tanto económica como jurídica de los afectados. En este sentido, el portavoz de la central nacionalista, Antolín Alcántara, manifestó que van a recurrir la sentencia "porque sabemos que ninguno de los dos condenados se encontraba en el lugar de los hechos". Alcántara considera que esta condena "se enmarca en la campaña de persecución contra el movimiento obrero para castigar judicialmente y sangrar económicamente a los trabajadores. Vamos a resistir y crear resortes".