EUROPA PRESS
Los sindicatos y la patronal del sector metalúrgico de la provincia de Pontevedra se emplazaron para volver a reunir la mesa de negociación del convenio colectivo y cerrar un acuerdo en la primera quincena de septiembre, tras mantener un encuentro hoy con la mediación del jefe de la Inspección de Trabajo, José María Casas de Ron.
Los representantes de CIG, CC.OO., y UGT valoraron el encuentro y recordaron que volverán a defender una "postura unitaria" frente a los empresarios, en la que se recoge una vigencia de tres años para el convenio, la regulación de la jornada, mejoras salariales y la regulación de la contratación en el naval.
Así, el portavoz de UGT, Diego Atanes, apuntó que "hay voluntad de negociar y llegar a un pacto lo antes posible", y reconoció que "cada minuto que pasa va en contra del sector del metal y de los trabajadores".
Por su parte, el representante de CC.OO., Ramón Sarmiento, subrayó la necesidad de que, a la vuelta de vacaciones, "el escenario de negociación no sea muy dilatado", y se cierre la firma del convenio en la primera quincena de septiembre. Sarmiento también recalcó que "nadie tiene en su ánimo reanudar el conflicto" después del verano, expresó su esperanza de que sea "factible" un acuerdo "en unos márgenes razonables".
El responsable de CIG-Metal, Miguel Anxo Malvido, insistió en que, de momento, "las cosas no están maduras", y abogó porque se tome el mes de agosto como "un período de reflexión y meditación", al tiempo que reconoció que la regulación de la contratación del naval será uno de los puntos de discusión "más problemáticos". En ese sentido, explicó que "los trabajadores tienen que coger fuerzas", pero advirtió de que, si la negociación vuelve a bloquearse en septiembre, se retomarán las movilizaciones.
Visión de los empresarios
Los empresarios mostraron, por su parte, su esperanza de que el acuerdo se suscriba a la vuelta de vacaciones y pidieron a los sindicatos que garanticen que la negociación no se reanuda en un clima de movilización y conflicto. Así, su portavoz, Enrique Mallón, valoró que, en el encuentro de hoy, "se vio voluntad de diálogo y compromiso de que esto se puede arreglar en septiembre", al tiempo que reiteró que su oferta "es la mejor de España" y que, aunque "las posturas no son inamovibles", "ambas partes tienen que poner de su lado".
Insistió en que el actual "clima de crisis" y la "situación dramática" de la economía "dificultarán un acuerdo después del verano", pero abogó por "intentarlo y ser responsables". En todo caso, apuntó que para la patronal, los puntos sobre los que debe haber acuerdo son vigencia, salarios, y regulación de la jornada, que "ya están más que debatidos", sin aludir a la regulación de la contratación en el naval.
Enrique Mallón explicó que, tras casi un mes de huelga en el sector en los pasados meses de mayo y junio, las empresas están ahora "trabajando a muy buen nivel gracias a la voluntad absoluta de los operarios", y apuntó que el 80 por ciento de las empresas que no pudieron pagar sus nóminas de junio ya han estabilizado su situación.
No obstante, advirtió de que unas 30 empresas, con entre 1.600 y 1.800 trabajadores, han tenido que cerrar o están viendo muy comprometida su viabilidad. El portavoz de los empresarios precisó que, si bien no puede achacarse esta circunstancia únicamente a la huelga, el conflicto del metal agravó y precipitó el daño que ya había hecho la crisis económica.
Antecedentes
El sector metalúrgico de la provincia de Pontevedra, con más de 25.000 trabajadores de unas 2.000 empresas retomó su actividad el pasado 7 de julio, después de casi un mes de huelga, y con el nuevo convenio colectivo sin firmar debido a las diferencias con la patronal y a la propia división entre los sindicatos.
Los representantes de CC.OO., UGT y CIG mantuvieron varias reuniones para "recuperar la unidad de acción sindical" y consensuaron una propuesta para llevar a la mesa de negociación cuando ésta se vuelva a reunir. Dicha propuesta gira sobre cuatro ejes: la vigencia, el incremento salarial --que según la CIG, "se tiene que acercar necesariamente al 4,5 por ciento--, la regulación de la jornada y la regulación de la contratación en el sector naval --incluida por las presiones del sindicato nacionalista--.