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J. CARNEIRO - VIGO
Asegura que el debate sobre la reforma laboral en España se ha “distorsionado”. Jordi Sevilla (Valencia, 1956) la considera necesaria para “ajustar” el mercado laboral a las necesidades del nuevo modelo de crecimiento económico que busca el actual Gobierno. “Pero eso no tiene nada que ver con el despido”, matiza. Sevilla participó ayer en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Vigo sobre la crisis internacional y los retos de la economía gallega.
–Algunos círculos económicos sostienen que España sólo saldrá de esta crisis bajando precios y salarios. ¿Le parece una buena receta?
–En absoluto. Ahora tenemos un descenso de precios que no creo que llegue a una situación de deflación, pero desde luego es más preocupante la deflación que la inflación. Un descenso de salarios reduciría el consumo y la producción, y por tanto agudizaría esta crisis. La salida de la recesión va más por el camino de fortalecer nuestro sistema financiero y la actividad económica desde los poderes públicos que por reducir los salarios.
–¿Es realmente necesaria una reforma laboral?
–Creo que hay que hacer una reforma que permita al mercado laboral adaptarse en cantidad y calidad a ese nuevo modelo de crecimiento que estamos buscando. Eso no quiere decir para nada recortar los derechos de los trabajadores, ni mucho menos tiene que ver con el despido. Pero es verdad que nuestro mercado laboral tiene al menos cinco fracturas muy importantes, entre trabajadores fijos y temporales, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, nacionales y emigrantes, y entre personal cualificado y no cualificado como para pensar que hace falta cambiar cosas que nos permitan contratar a más gente y proteger el empleo.
–El Gobierno está actuando contracíclicamente a través de inversión pública. ¿No cree que un déficit excesivo será una losa para las futuras generaciones?
–Hay que vigilar el déficit, no se nos vaya a ir la mano, como ocurrió con la desregulación de los mercados financieros. Lo que define la situación de crisis es que las familias y las empresas están atenazadas. No consumen, no invierten… Y en ese contexto sólo el Estado puede intervenir para complementar con sus inversiones públicas esa menor actividad de familias y empresas. Es inevitable hacer frente a esta crisis con más gasto público y con más déficit. Creo que hay que hacerlo en un estado descentralizado como el nuestro, donde las comunidades controlan aproximadamente el 50% del gasto público total, de una manera coordinada. Y en ese sentido, la conferencia de presidentes debería reunirse cuanto antes. Y tenemos que ser conscientes de que a partir del momento en el cual se inicie la recuperación económica, y la veo difícil antes de 2010, tendremos que activar medidas para conforme vaya recuperándose el consumo y el gasto privado se vaya reduciendo el consumo y el gasto público para volver a situar el déficit y el endeudamiento en las tasas que teníamos.
–¿Debe aumentar la presión fiscal?
–Depende de a quién. No creo en el sistema de subir o bajar impuestos. Sería razonable que aquellos que más han tenido que ver con la crisis contribuyan más al gasto general de salida de la crisis. Pero lo que mejor engrasa la hacienda pública es el crecimiento. Cuando volvamos a tasas del 3,5% y 4%, sin necesidad de tocar impuestos, el déficit público bajará.
–La rebaja de los 400 euros en la declaración, ¿fue un error?
–No fue un error. Fue una medida pensada cuando no se creía que venía una crisis económica de esta dimensión, y que no se tuvo la cintura suficiente como para readaptarla. Un gasto público tan importante como 400 euros por persona, que no ha tenido un impacto relevante en el consumo privado, redistribuido de otra manera sí hubiese tenido un impacto mayor.
–El fondo de reestructuración bancario, ¿camina en la buena dirección?
–Se están mezclando dos cosas. Posiblemente una reforma de la ley de cajas que había que hacer y que soy partidario de ello. Cuando tenemos un sistema de cajas de ahorros, que desde luego son supra comunidades autónomas, porque ya no solo afectan al territorio nacional sino que muchas de ellas son entidades que pueden competir a nivel internacional y de hecho lo están haciendo, la regulación, el control y la supervisión no pueden ser autonómicos. Eso es una cosa, y otra cosa es la situación de crisis que requiere recapitalizar de una manera muy fuerte a nuestras entidades financieras, bancos y cajas de ahorros. El Gobierno ha querido, al menos, asegurar que aquellas cajas que se recapitalicen con fondos públicos no estén controladas por decisiones políticas de las comunidades, eliminando ese veto. Creo que es un paso en la buena dirección. Mi opinión es que incluso cuando se salga de la crisis, e incluso cuando deje de existir el fondo de reordenación, los vetos autonómicos a las fusiones de cajas deberían de desaparecer.
–Si el origen de esta crisis son las teorías neoliberales, ¿por qué lo han pagado los socialdemócratas en las elecciones europeas?
–Es curioso. Lo que están triunfando son los partidos de derechas haciendo políticas de izquierdas después de haber fracaso sus políticas de derechas. Creo que esto nos debería de poner las pilas a la socialdemocracia europea.
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