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J. CARNEIRO - VIGO La huelga del metal, que hoy cumple su decimoctava jornada de movilizaciones en la provincia de Pontevedra, se notará –y mucho– en el bolsillo de los trabajadores a final de mes. Las cinco patronales que negocian el convenio (Asime, Atra, Foncalor, Instalectra y Feca) han confirmado que 180 empresas del metal, que emplean en conjunto a más de 8.000 personas, ya no podrán afrontar el pago de las nóminas correspondientes a junio. "La situación es crítica", advierte un portavoz de la parte empresarial.
Mientras, los sindicatos, "conscientes" de que empresas y trabajadores están "al límite", mantienen la huelga indefinida por considerar "insuficiente" la propuesta presentada por los mediadores el pasado martes, quienes les habían dado de plazo hasta el próximo 30 de junio para dar una respuesta. La CIG sigue adelante incluso con su plan de realizar una marcha el próximo lunes hasta Santiago de Compostela, con el objetivo de "acercar" el conflicto a la Xunta. La marcha saldrá desde Pontevedra por carretera, y el sindicato nacionalista está pendiente de que CC OO y UGT confirmen su participación.
CC OO, que el jueves había anunciado que desconvocaba la huelga indefinida en el metal, dio ayer marcha atrás tras una ajustada asamblea y tras la negativa de los otros dos sindicatos que negocian el convenio: CIG y UGT. El portavoz de CC OO, Ramón Sarmiento, explicó que en la asamblea de ayer se decidió mantener la convocatoria de huelga y se descartó "entrar a valorar" la propuesta sobre el convenio realizada por los mediadores de la negociación, puesto que tanto la CIG como UGT la rechazaron.
Sarmiento indicó que, inicialmente, había planteado la posibilidad de realizar un referéndum para que todos los trabajadores decidieran sobre la propuesta de los mediadores, pero, una vez que los otros dos sindicatos habían expresado su posicionamiento, consideró que ahora "sería inviable" realizar la consulta.
Cierres
La parte empresarial, que todavía no ha decidido si acepta o no la propuesta de los mediadores, volvió a reclamar ayer a los líderes sindicales "que sean responsables" ante la "gravedad" de la situación económica de algunas empresas. "A día de hoy hay 180 empresas que no podrán pagar las nóminas a final de mes, además de las incluidas en la construcción y reparación naval", recalcó Enrique Mallón, portavoz de la patronal.
Éste también hizo referencia al caso de los astilleros, que se enfrentan a penalizaciones de mil millones de euros por retrasos en las entregas y anunciaron cierres "en cadena" si esto llegase a producirse.
La propuesta económica planteada por los mediadores fue la siguiente: para 2009, IPC de 2008 (1,4%) más 1,1 puntos; para 2010, IPC de 2009 más 1,5 puntos, y para 2011, IPC de 2010 más 1,25 puntos. En resumen, la subida sería de 3,85 puntos por encima del IPC. Para el sector naval, estos proponen constituir una mesa "al más alto nivel" que deberá establecer las modificaciones necesarias para solventar los problemas de contratación en un máximo de 90 días (antes del 30 de septiembre).
La CIG fue la primera central en descartar esta oferta, sobre todo en el punto que afecta a la contratación en el sector naval. Los mediadores habían solicitado una tregua de una semana para decidir si patronal y sindicatos aceptaban o rechazaban la propuesta.
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