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L.PIÑERO - VIGO
El Gobierno luso ha superado todos los plazos anunciados por él mismo para buscar una solución a los clientes del Banco Privado Portugués (BPP), cuya suspensión de pagos atrapó a doscientos clientes gallegos. Lejos de aclararse la situación ésta se vuelve cada vez más complicada. Los jueces están comenzando a tomar decisiones que apuntan directamente a los máximos responsables de la entidad hasta el momento que fue intervenida por el Estado portugués.
Un juez de Lisboa ha comenzado a dar pasos importantes para esclarecer qué tipo de actividad se escondía tras el BPP. De entrada ha decretado la congelación de los bienes del ex presidente de la entidad João Rendeiro, y de sus asesores. Las pesquisas han llevado a la justicia lusa a requisar documentación de abogados del banco para su examen, intervención que ha sido contestada desde el colegio profesional de la abogacía de Lisboa.
El juez no ha escatimado esfuerzos ni medios para realizar su investigación. De esta manera ha puesto en marcha todos los recursos a su alcance que incluyen la movilización de procuradores del Ministerio Público, la Unidad de Combate a la Corrupción de la Policía Judicial y de la Administración Fiscal para buscar pruebas que puedan determinar el grado de responsabilidad de los ex directivos de la entidad.
El diario portuense “O Jornal de Noticias” habla de congelación de “cuentas millonarias” del propio João Rendeiro y de al menos dos colaboradores. Además de las cuentas han quedado embargados de manera precautoria otros bienes de los ex dirigentes del BPP:
Los cargos que el juez imputa a Rendeiro y sus colaboradores se basan en indicios de “fraude fiscal cualificado, abuso de confianza, falsificación y, eventualmente, de blanqueo de dinero”.
A pesar de todo este proceso de embargo de cuentas y otros bienes, los autores de los hechos presuntamente delictivos no han sido todavía imputados formalmente, aunque el JN afirma que “podrían serlo en breve”. Quien sí ha sido ya procesado es un ex consejero de Rendeiro, un abogado de la sociedad “Júdice”.
Encierros
Durante esta última semana, casi un centenar de clientes del BPP mantuvieron encierros en la sede central de la entidad en Lisboa para exigir al Gobierno portugués una rápida solución a sus depósitos e inversiones. La falta de avances por parte el administrador concursal nombrado por el Estado luso, Adão da Fonseca, ha llevado a los afectados a solicitar su dimisión ya que había reconocido “su incapacidad para resolver los problemas de los clientes” afectados por la suspensión de pagos.
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