En su último informe de Fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el TC recomienda al Ministerio de Trabajo que estudie modificaciones normativas en el régimen retributivo de estas entidades.
Las que el TC le propone son la fijación de un límite en las retribuciones de sus cargos directivos, así como en sus incrementos anuales.
Al respecto, Díaz Peña sostiene que "soy el primero que creo que es escandaloso" que haya "más de doscientos" directivos que ganen más que los miembros del Gobierno, como se señala en el informe.
"Pero que me expliquen en virtud de qué norma yo les puedo limitar las retribuciones a estos señores. No hay norma que lo habilite y, por tanto, no puedo hacerlo mientras no establezcamos una norma".
Por ello, le pide al TC que la promueva, al tiempo que recuerda que, a pesar de esa limitación, la Seguridad Social ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 unos "topes máximos de" retribución de gerentes y directivos con contrato de dirección.
Asimismo, para 2009 ha fijado una "congelación", de manera que las alzas salariales en las Mutuas sean las mismas que para el resto del personal incluido en los presupuestos del Estado.
En su opinión, es "descabellado" decir que "no se ha hecho nada, cuando no había ni obligación ni posibilidad de hacerlo, como también lo es ignorar lo que se ha hecho en la materia".
Sobre las críticas del TC a que las Mutuas no ajustan sus contratos a los principios de objetividad y transparencia del sector público estatal, Díaz Peña dice que estas entidades no estaban incluidas en la Ley de Contratación hasta 2007.
En cuanto a que contratan a muchas empresas del grupo, afirma que "no sólo no está prohibido, sino que todas las empresas están en alguna Mutua. O sea, no hay quien esté fuera".
