El conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, anunció ayer que los 40 millones de euros de créditos que otorgará el Gobierno catalán a Seat para la fabricación del Audi Q3 podrán convertirse en acciones de la sociedad mixta de innovación. Huguet explicó que la Generalitat participará en esta sociedad mediante AVANSA -empresa publica de intervención el sector industrial-, pero no quiso desvelar “planes concretos”.
El conseller valoró “muy positivamente” la decisión de Volkswagen de fabricar el nuevo Audi Q3 en la planta de Seat en Martorell (Barcelona), y la consideró el resultado de la suma de “muchos esfuerzos”.
El presidente de Seat, Erich Schmitt, aseguró que la producción del Q3 permitirá crear nuevos empleos a partir de 2011, aunque advirtió que hasta entonces será necesario aplicar “medidas adicionales” que hagan más competitiva la factoría catalana. Schmitt, que compareció ayer ante la prensa tras la confirmación oficial de Audi de que el nuevo todoterreno urbano de la marca se producirá en Seat, negó de forma rotunda que la filial de Volkswagen vaya a recibir 300 millones de euros en forma de ayudas del Gobierno y la Generalitat, y prefirió hablar de “préstamos a bajo interés”.
Confidencialidad
El máximo responsable de Seat, que mantuvo una reunión privada con el presidente catalán, José Montilla, aseguró no tener “ni idea” del monto de ayudas que percibirá la filial de Volkswagen, escudándose en que empresa y administraciones han acordado “confidencialidad” al respecto. Schmitt, que se mostró profundamente “satisfecho” por la asignación del Q3 a Martorell, explicó que el nuevo modelo permitirá salvar 1.200 puestos de trabajo en Seat.
Por su parte, CC OO exigió ayer al Gobierno y a la Generalitat que, tras la adjudicación del Audi Q3 a Seat, ejerzan una “vigilancia” que garantice a fabricación de los componentes de este vehículo en las plantas de proveedores establecidas en Cataluña. En este sentido, el secretario general de Industria del sindicato, Javier Pacheco, avisó que, de no ser así, las cuantías aportadas por las administraciones para la llegada del modelo “acabarían promoviendo empleo en Alemania y no aquí”.
