Esta cifra de 100.000 millones equivale a cerca del 10% del PIB español del año 2007 y correspondería al 20% del total de las hipotecas otorgadas por las entidades financieras, teniendo en cuenta, según los autores del informe, que el volumen de créditos hipotecarios suma casi 500.000 millones de euros.
Los académicos del IESE justifican la creación de un "banco malo" que compre los activos tóxicos de los bancos y cajas españolas como una de las mejores soluciones para frenar la "espiral financiera" de la economía española, caracterizada por la caída del consumo y la disminución en la concesión de créditos por parte de las entidades.
Por ello, resaltan que esta espiral podrá detenerse "si alguien se compromete a comprar los activos que pierdan valor -como hipotecas morosas- a un cierto precio", fijando de este modo un "suelo" del valor mínimo de los activos, que frenará la "degradación continua" del activo de las entidades financieras y les permitirá calcular sus necesidades de capital.
En el texto se define el "banco malo" -cuyo nombre se toma de la terminología inglesa "bad bank"- como "una institución que adquiere en nombre del Estado activos malos pagándolos con dinero bueno (o deuda pública negociable) y gestionando su venta posterior".
De este modo, se marcaría un precio para la valoración de cada hipoteca española que permitiría "cuantificar las pérdidas en que deberían incurrir las entidades".
El precio de estas pérdidas, según el análisis del IESE, determinará, al ser soportables o no para algunas entidades, la futura composición del sistema financiero español, viendo qué entidades sobreviven, cuáles son absorbidas o cuántas, incluso, podrían desaparecer.
Por tanto, el problema de la valoración de los activos es el principal escollo de este modelo, según el informe, que evita pronunciarse sobre qué activos hipotecarios deberían ser adquiridos por esta institución, pese al consenso del sector de que el crédito al promotor es el principal activo tóxico de bancos y cajas españoles.
La función del "banco malo" no tiene por qué responder a la de un banco, pues su misión "no es prestar ni captar dinero", sino que se trata de una institución que "gestiona un patrimonio público", como sucedió, tal como recuerda el informe, en la década de los ochenta con el INI y el Patrimonio del Estado, que gestionó la venta de los activos de Rumasa.
El informe sugiere que, pese a tratarse de una cifra "colosal", una parte "importante" de los 100.000 millones desembolsados podría financiarse con emisiones de deuda pública "porque la posición deudora resultante no sería alarmante" dado el relativamente bajo déficit público español.
También se considera que esta cantidad podría ser recuperada en buena parte por el Estado mediante la venta de los activos inmobiliarios en circunstancias más favorables a las actuales, pues "el Estado tiene un tiempo del que las entidades privadas no disponen".
Desde el IESE se aboga por crear este "banco malo" lo antes posible y en este sentido cita al ex vicepresidente de la Reserva Federal Alan Blinder, quien aseguró que "ya que todo indica que vamos a crear un 'banco malo' tarde o temprano, ¿no sería mejor crearlo pronto?".
Desde esta escuela de negocios se apunta que limitar las dimensiones de las entidades financieras podría resultar una de las medidas reguladoras que más estabilizaría el sistema, si bien señalan que se trata de un planteamiento teórico cuyas posibilidades de aplicación califica de "mínimas".
