Las cajas de ahorros, como los bancos y las cajas rurales españoles, lograron sortear sin convulsión el gran colapso financiero y crediticio que eclosionó en septiembre en EE UU. A esa demostración de solvencia y estabilidad del sistema financiero español contribuyeron su baja exposición al sofisticado y expuesto negocio de la llamada banca de inversión (origen primario de la crisis) y a su marcada especialización en la actividad tradicional de banca minorista (tomar ahorro y dar crédito). También fue determinante el férreo control supervisor y la recta disciplina impuestos por el Banco de España y, de forma más precisa, la imposición por la autoridad bancaria de un nuevo concepto de provisiones que, sumadas a las que ya eran de uso común en el mundo bancario internacional, se han verificado como un baluarte defensivo que ahora el G20 sopesa imitar.

Pero las cajas de ahorro se encuentran ahora, como la banca, ante una nueva borrasca (la recesión en la economía real) cuando aún no se han disipado de modo concluyente los embates de la crisis financiera y crediticia.

Es en este nuevo escenario sobrevenido, en este segundo shock de la economía (caída del PIB, aumento acelerado del paro, crisis empresariales, derrumbe del consumo, aumento de la morosidad), donde algunas cajas de ahorro pueden evidenciar, como acaba de verse en Caja Castilla-La Mancha, una mayor vulnerabilidad.

En ello concurren varias circunstancias. Una es que la generalidad de las cajas de ahorros han sido sorprendidas por la crisis financiera y por la de la economía real en plena expansión territorial, con una estrategia de aperturas de oficinas fuera de sus regiones de origen que en la generalidad de los casos se fundamentaban en el negocio inmobiliario como punto de apoyo para captar clientes por la vía de la subrogación de créditos hipotecarios, concedidos en origen a los promotores de viviendas. Por el contrario, los bancos han protagonizado en las últimas décadas una fuerte concentración por la vía de las macrofusiones.

Esa divergente tendencia sitúa hoy a las 45 cajas con 24.985 oficinas frente a las sólo 15.580 sucursales de los 53 bancos y las apenas 5.097 delegaciones de las 80 cooperativas de crédito existentes en el país. Y la patronal bancaria (AEB) acaba de decir que el sector tiene “exceso de capacidad instalada”.

Algunas cajas asumieron además una fuerte exposición al negocio inmobiliario apoyando grandes operaciones y actuaciones que ahora están en mora, suspendidas o aplazadas.

El quebranto de las cajas por esas causas está siendo mayor, por término medio, que el de los bancos, como evidencia que la morosidad sea más alta y esté creciendo más rápido entre las cajas de ahorros que en los bancos y cooperativas de créditos (cajas rurales y otras).

A 31 de enero, el volumen de crédito dudoso de las cajas sumaba 39.391 millones, frente a los 25.690 millones de los bancos y los 3.099 de las cooperativas. De este modo, las cajas, que representan poco más del 50% del sistema financiero español, concentran el 58% de los créditos morosos y superan en 13.701 millones en préstamo dudoso a los bancos.

En esa fecha, la tasa de morosidad era especialmente acusada en las cajas (4,5% sobre el conjunto de los créditos concedidos), frente una mora del 3,24% en las cooperativas de crédito (cajas rurales y otras) y del 3,17% en los bancos.

Provisiones

Los últimos datos conocidos apuntan a que el conjunto de las cajas (un sector muy heterogéneo) habían consumido en 2008 el 22% de las provisiones genéricas que el Banco de España había obligado a realizar en tiempos de bonanza para cuando viniera la fase bajista del ciclo económico. Por el contrario, el conjunto de los bancos habrían gastado en ese tiempo un porcentaje muy inferior de sus provisiones anticíclicas.

A todo ello se suma la falta de liquidez y la necesidad de bancos y cajas de generar dinero como sea para afrontar los cuantiosos desembolsos que deben acometer las entidades financieras españolas para devolver del orden de 800.000 millones de euros en diez años (a razón de una media anual de 60.000 a 80.000 millones) por el vencimiento de créditos tomados en el extranjero para satisfacer la desbordante demanda de crédito de las empresas y familias españolas durante los últimos 15 años, en los que España, de forma muy acusada respecto a otros países del área, ha vivido muy por encima de sus posibilidades, con un endeudamiento de los agentes privados descomunal y un déficit exterior del 10% del PIB, imposibles de sostener con el escaso ahorro interno.

En estas circunstancias, las cajas, tocadas en muchos casos por el fortísimo y acelerado deterioro del sector de la edificación, tienen una debilidad intrínseca que les dificulta la recomposición rápida en caso de flaqueza.

La morosidad consume provisiones pero, cuando éstas se acaban, lo que se empieza a consumir ya son los recursos propios.

Para restablecer la solvencia los bancos cuentan con el recurso de la ampliación de capital apelando a sus accionistas. Pero las cajas carecen, por su naturaleza, de accionistas. Y aunque ahora cuentan con la posibilidad legal de emitir cuotas participativas (títulos con derechos económicos pero sin capacidad decisoria), se trata de una vía poco explorada en España y aún con escaso arraigo.

Además, y por esa misma condición jurídica, aunque las cajas pueden comprar bancos en tanto que son sociedades anónimas por acciones, los bancos no pueden adquirir cajas por más que sí podrían comprar activos (caso de sucursales y redes de oficinas, por ejemplo).