La Comisión Europea ha planteado, sobre la base de las propuestas de un grupo de expertos, establecer un nuevo órgano para vigilar la estabilidad del sistema financiero, apoyado en la estructura del Banco Central Europeo (BCE), y crear tres autoridades europeas para la supervisión del sector bancario, asegurador y bursátil.
Las autoridades nacionales seguirían encargadas, no obstante, de la vigilancia diaria de las actividades de las entidades y se pondrían en marcha equipos de supervisores para los grupos financieros transfronterizos.
Bruselas pretende que estos cambios estén ya en vigor en 2010 y, con ese objetivo, presentará a los Estados miembros una seria de propuestas legislativas en los próximos meses.
El ministro checo de Finanzas, Miroslav Kalousek, cuyo país preside este semestre la UE, destacó al término de la reunión que los Veintisiete coinciden en la necesidad de reforzar tanto la vigilancia macroprudencial en Europa como de revisar la estructura de supervisión, pero admitió que "hacen falta más discusiones sobre el modelo definitivo".
También el gobernador del Banco Central checo, Zdenek Tuma, reconoció que, aunque "hay acuerdo en algunos puntos, la dificultad está en los detalles".
La principal resistencia que se constató hoy fue la del Reino Unido, país que no pertenece a la zona del euro, a dar al BCE un papel central en el Consejo europeo para los riesgos sistémicos.
La delegación británica aseguró que comparte la necesidad de contar con un organismo encargado de preservar la estabilidad financiera, pero exige que los supervisores británicos tengan un papel relevante y no dar todo el protagonismo al BCE.
Este Consejo se dedicaría a recabar información y tendría que emitir alertas, que serían de obligado cumplimiento para las autoridades nacionales.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, consideró que las recomendaciones de este organismo sólo serán efectivas si son creíbles y, para ello, es necesario dotarlas de un mínimo carácter vinculante.
Por parte del BCE, su presidente, Jean-Claude Trichet, trató de despejar las reservas británicas al asegurar que el Banco no pretende suplantar a las autoridades nacionales, sino contribuir a mantener la estabilidad.
El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Solbes, mostró comprensión hacia la postura británica y, aunque consideró apropiado la idea de basar el Consejo de riesgos sistémicos en la estructura del BCE, apuntó que hay otras alternativas.
Además, para garantizar a los países que no pertenecen al euro una representación adecuada, propuso establecer una presidencia rotatoria entre los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete.
El otro punto que suscita dudas en algunos países, encabezados también por Reino Unido, son las competencias que tendrán las nuevas autoridades de supervisión bancaria, de seguros y bursátil.
Los expertos liderados por el ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Jacques de Larosière plantean que estas autoridades se encarguen de mediar en caso de desacuerdo entre los supervisores nacionales y que sus decisiones sean vinculantes, algo que no convence a los británicos, pero que países como España consideran "esencial".
Otras delegaciones, como Polonia y Portugal, señalaron que si la labor de estos órganos es así de decisiva, también habría que prever cómo se repartirán las cargas entre los países en caso de problemas en una entidad transfronteriza.
Tras la discusión de hoy, el Ecofin decidió encargar a los comités económico y financiero y de servicios financieros (grupos técnicos en los que están representados los Veintisiete) que continúen analizando la cuestión, en busca de un acuerdo.
El objetivo es que los líderes de los Veintisiete den su visto bueno a una posición común en el Consejo Europeo de junio, para que la Comisión Europea pueda empezar a presentar iniciativas legislativas concretas en otoño.
