El Gobierno se ve obligado a modificar su decreto sobre el paro

El Congreso de los Diputados ha lanzado un mensaje contundente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La totalidad de los grupos del arco parlamentario considera "insuficiente" para solucionar la sangría del paro en España el plan de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo. Por este motivo, los grupos de la oposición han obligado finalmente al Gobierno a tramitarlo como Proyecto de Ley y abrir la presentación de enmiendas a su plan, de tal forma que se puedan incluir cambios. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha defendido la extraordinaria urgencia y necesidad del decreto ley mientras el PP asegura que "el socialismo crea paro" y que el Gobierno es el "peor de la historia".

El Gobierno ha aceptado la exigencia de buena parte de la oposición de tramitar como proyecto de ley, susceptible por tanto de ser modificado, el decreto ley de medidas laborales orientadas a frenar la escalada del paro y a incentivar el crecimiento del empleo. El PSOE negociaba ayer los apoyos para convalidar hoy en el Congreso el citado decreto pero buena parte de la oposición, especialmente los nacionalistas de CiU y los independentistas de ERC, exigían como condición 'sine qua non' que la medida se tramitase después como proyecto de ley, lo que supone abrir un plazo de presentación de enmiendas y la posibilidad de que se introduzcan modificaciones.

El Gobierno no quería que su decreto, diseñado sin el consenso de patronal y sindicatos, se tramitase como un proyecto de ley susceptible de incorporar enmiendas que el PSOE, sin una mayoría parlamentaria clara, no tendría capacidad de controlar y que podría derivar en una auténtica reforma laboral al margen del diálogo social. Además, los sindicatos habían pedido que el decreto se aplicase con su actual redacción, sin opción a cambios 'indeseables'. Sin embargo, la falta de suficientes apoyos para convalidar el decreto con tranquilidad y para evitar su tramitación como proyecto de ley ha acabado por obligar al Gobierno a variar su posición.

Tender la mano

La convalidación del decreto ley se ha aprobado finalmente con 184 votos a favor ( PSOE, BNG y CiU) y 162 en contra, pero, a petición de todos los grupos de la Cámara, se ha realizado una segunda votación para que se tramite mediante un Proyecto de Ley, que ha sido aprobada por unanimidad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había pedido previamente en el Congreso la aprobación de este decreto-ley por la dimensión de la crisis económica y su especial repercusión en el mercado de trabajo. Y es que el ministro justificó la extraordinaria urgencia y necesidad de esta medida en una "coyuntura económica problemática" que ha forzado al Gobierno a tomar medidas "no formalmente consolidadas" por los agentes sociales, que mantiene abierto, no obstante, el diálogo social. En este sentido, incidió en que este decreto "no supone ningún recorte" de derechos sociales para los trabajadores.

"El Gobierno tiende la mano a todos los grupos parlamentarios porque es lo que esperan los parados y las paradas", incidió Corbacho, quien aseguró que lo contrario sería apoyar el "abaratamiento del despido". "Difícilmente se puede rechazar garantizar la protección social de los trabajadores y el mantenimiento del empleo", señaló.

Pero el mensaje no ha calado en todos los grupos parlamentarios. El PP se ha mostrado en contra del plan y ha pedido su retirada porque es un plan "insuficiente" e "incoherente". "Basta ya de improvisación, la situación del paro es insostenible", ha espetado el portavoz económico del PP, Cristobal Montoro, que ha calificado al Ejecutivo de Zapatero como "el peor gobierno de la democracia". "El socialismo crea paro, no creen en la gente y así nos va", señaló Montoro quien espetó a Corbacho que "ya está bien de tanta improvisación y tanta chapuza".

El ministro de Trabajo se defendió asegurando que se trata de un plan de carácter coyuntural y que, aunque las medidas que lo conforman "no han sido formalmente acordadas con los empresarios y sindicatos", sí existe, en su opinión, la "visión generalizada de la necesidad de su puesta en marcha". Las medidas se enmarcan, según ha explicado el titular de Empleo, en tres grandes capítulos: medidas para el mantenimiento del empleo, medidas de protección a las personas desempleadas y medidas para el fomento del empleo. "Nadie podrá oponerse a este plan porque entonces se situará entre los que piensan que hay que abaratar el despido", señaló el ministro.

Medidas insuficientes

Por su parte, el parlamentario de CiU, Carles Campuzano, señaló que "examinadas por separado" las medidas del decreto "pueden tener su utilidad", pero en bloque resultan "claramente insuficientes". Entre las "ausencias" de las que adolece el texto, destacó el apoyo a los trabajadores autónomos, los discapacitados y la participación de la iniciativa privada, y apostó por resolver estas cuestiones en el trámite parlamentario.

El Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrollando su actividad. Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Este último punto suscitó las mayores críticas entre el resto de grupos de la oposición. Así, el portavoz de Trabajo del PNV, Emilio Olabarría, recordó al PSOE que fueron los "únicos" que han "abaratado el despido" durante la anterior legislatura con Jesús Caldera como ministro de Trabajo.

El representante de Izquierda Unida, Gaspar LLamazares, ironizó sobre el "decreto salomónico" presentado por Corbacho que, a su juicio, no responde a argumentos de extrema urgencia que hagan que el Gobierno "no apure" el diálogo con la "izquierda" para satisfacer al "voraz" sector empresarial español.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC Joan Tardá incidió en que el "pequeño ajuste" del decreto tienen poco bagaje frente a "la que va a caer" en los próximos meses, al tiempo que calificó directamente de "perversa" las bonificaciones, que suponen una "mercantilización" del mercado de trabajo.

Finalmente la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, destacó que la falta de consenso de patronal y sindicatos compromete la posibilidad de eficacia de las medidas contenidas en el decreto, y cuestionó duramente la bonificación de los parados, algo en lo que coincidió con BNG. La portavoz de este grupo en el debate, Olaia Fernández Dávila, incidió también en que el diálogo social "no debe ser excluyente" de las patronales y sindicatos mayoritarios.