En su informe anual correspondiente a 2008, la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados (FEANTSA) recuerda que la crisis ha provocado un exceso de oferta de vivienda y un incremento de los pisos sin vender.

Según los expertos, esta situación se mantendrá hasta que la caída de los precios incentive a los potenciales compradores o hasta que los créditos vuelvan a ser accesibles.

Esta situación ofrece "un margen de tiempo" que, según ha dicho a Efe el autor del informe, Antonio Rodríguez, "el Gobierno debería aprovechar para ayudar a que el parque de viviendas sin vender se transforme en viviendas de protección oficial".

Rodríguez ha asegurado que España tiene "un déficit estructural" de vivienda pública destinada a los grupos más desfavorecidos, ya que "este tipo de vivienda no llega al 2 por ciento del parque".

El autor del informe ha defendido la importancia de que la Administración disponga de viviendas en propiedad, destinadas a los grupos sociales más desfavorecidos.

"Por mi experiencia en el sector, los programas más duraderos de vivienda social son aquellos en los que el propietario es la Administración", ha dicho Antonio Rodríguez, que es también representante de la Fundación San Martín de Porres, que ofrece centros de acogida y servicios de todo tipo a las personas sin techo.

En su opinión, el porcentaje "óptimo" de vivienda pública es de un 20 por ciento del parque habitacional, muy lejos del "insignificante" 2 por ciento que actualmente tiene España.

Rodríguez ha recordado que Gran Bretaña y Alemania disponen de un 40 por ciento de vivienda pública y este alto porcentaje da "un colchón" a las asociaciones que luchan contra la marginación, del que carece España.

Las asociaciones españolas que trabajan con colectivos excluidos defienden que la atención a las personas sin hogar forme parte de la estrategia de las políticas de vivienda, y no se circunscriba solamente a los servicios sociales.

En este sentido, el informe señala que Cataluña es pionera porque "es la única comunidad autónoma que contempla actuaciones específicas para las personas sin hogar dentro de su política general de vivienda".

En el resto de comunidades autónomas, las personas sin hogar suelen quedar excluidos de las ayudas para la vivienda porque no cumplen los requisitos, como disponer de ingresos mínimos o estar empadronados desde hace al menos dos años.

Además, el hecho de que muchas personas sin hogar sean solteros y no tengan hijos a su cargo dificulta su acceso a un piso social porque las políticas tienden a dar prioridad a las familias.

No obstante, Rodríguez se ha mostrado esperanzado por que el borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que está elaborando el Ministerio de Vivienda "menciona la necesidad de elaborar políticas para los más excluidos".

No obstante, ha recordado que el anterior plan incluía iniciativas "interesantes, como las viviendas de integración social, que finalmente no han funcionado", por lo que se ha mostrado cauto, en espera de que se definan los "mecanismos que harán realidad esta nueva estrategia del ministerio".