La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó ayer que la paralización temporal de la flota de Gran Sol se ha aprobado al amparo de la normativa comunitaria y con el consenso del sector pesquero y de las comunidades autónomas, al tiempo que destacó que el cese cuenta con la posibilidad de optar a financiación a través del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
Así respondió Espinosa en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, quien criticó que el Gobierno haya decidido optar por una política "más restrictiva" de la que marcan las normas comunitarias "obligando" a los buques de arrastre, palangre y volanta a amarres "forzosos" de tres meses.
Espinosa rechazó que el paro de 90 días signifique restringir, sino que, por el contrario, se trata de ayudar con fondos públicos del FEP a la flota afectada por la situación económica actual, garantizando condiciones sociales y económicas sostenibles para el sector y bajo los criterios de conservación de los recursos. Además, destacó que el reglamento comunitario establece la posibilidad de financiar ayudas a la paralización temporal por un máximo de tres meses y deben empezar antes del próximo 31 de diciembre.
