Según informa el diario económico L'Echo en su edición digital, un grupo de expertos, que ya se encargó en octubre de coordinar la entrada del Estado belga en Fortis, debe explicar la situación a los principales ministros, que tienen que decidir si recurren la decisión de la corte bruselense.
El fallo suspende las decisiones que condujeron al despiece de Fortis y a la venta de sus activos bancarios en Bélgica y Luxemburgo al francés BNP Paribas hasta que los accionistas de Fortis lo autoricen.
En concreto, los jueces impugnan una decisión del pasado 3 de octubre en la que Bélgica, Holanda y Luxemburgo decidieron segregar las actividades de la entidad, de forma que los activos holandeses fueron asumidos por ese Estado.
El tribunal anuló también la decisión del 5 de octubre por la que los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo decidieron, tras nacionalizar la entidad, vender casi todo el negocio bancario (75 y 67 por ciento, respectivamente) y las actividades de seguros en Bélgica al banco francés BNP Paribas, reservándose una minoría de bloqueo.
Según la corte bruselense, los accionistas podrán pronunciarse sobre estas cuestiones en una asamblea general prevista para el próximo día 19 y, si se decide retrasar ese voto, debe convocarse una asamblea extraordinaria para el 19 de febrero.
No obstante, el Gobierno holandés ha advertido de que la sentencia no puede aplicarse en territorio, regulado por su propio cuerpo jurídico.
La Haya considera que la decisión judicial no paraliza, por ese motivo, la adquisición por el Estado holandés del negocio de Fortis en ese país.
Por otra parte, varios diarios señalan hoy de que la sentencia del Tribunal de Apelación puede no ser válida, al faltar la firma de uno de los jueces de la corte.
Según estas informaciones, uno de los magistrados se encontraba ayer enfermo y un funcionario del juzgado firmó la sentencia en su lugar, lo que podría motivar la presentación de un recurso de casación.
Pero una portavoz del Tribunal, citada por L'Echo, ha precisado que el funcionario se limitó a firmar una declaración haciendo constar la ausencia del juez.
En una operación coordinada, los gobiernos belga, holandés y luxemburgués decidieron a finales de septiembre nacionalizar Fortis parcialmente, ante el riesgo inminente de quiebra.
Posteriormente, el Gobierno holandés decidió comprar todo el negocio del grupo en su país, en tanto que Bélgica y Luxemburgo acordaron con BNP Paribas venderle la mayor parte de la actividad bancaria en los dos países y los seguros de Bélgica.
De esa manera, Fortis, que era un grupo de banca y seguros con actividad en más de cincuenta países, quedó reducido al negocio asegurador internacional y a una participación del 66 por ciento en la entidad en la que se agrupó la cartera de productos estructurados.
Además de perder tamaño, el valor en bolsa de la compañía se redujo espectacularmente y los títulos que a principios de año rondaban los 19 euros se cambian ahora a menos de uno.
El hundimiento de los acciones, sumado al descontento por no haber sido consultados en todo el proceso que condujo a la fragmentación del grupo, ha provocado que varios grupos y asociaciones de minoritarios busquen en los tribunales la paralización de las operaciones llevadas a cabo desde septiembre.
En una sentencia previa, el Tribunal de Comercio de Bruselas concluyó que la venta a BNP no fue irregular, aunque designó a un grupo de expertos para determinar el valor exacto de los activos vendidos.
En Holanda, otra corte comercial ordenó la apertura de una investigación sobre la gestión del grupo bancario y de seguros Fortis en el último año y medio, desde el lanzamiento de la opa sobre ABN -que adquirió junto a Santander y RBS-.
