En un auto del pasado 20 de octubre al que tuvo hoy acceso Efe, la Sección Decimoquinta rechaza el incidente de nulidad de actuaciones formulado por Alberto Alcocer -al que se adhirieron después Alberto Cortina y su abogado Ramón Hermosilla-, en el que criticaban que la Audiencia vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva al no tratar cuestiones que consideran "relevantes" para que no se les impute un presunto delito de estafa procesal.
Según fuentes jurídicas, los abogados de los dos empresarios llevarán este asunto al Tribunal Constitucional al considerar que deben agotar todos los cauces porque la Audiencia ha incumplido su derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, señalaron que Cortina y Alcocer todavía están pendientes de que sus socios en Urbanor, Pedro Sentieri y Julio San Martín, les abonen los 24,5 millones de euros que les adeudan tras haber sido absueltos por el Tribunal Constitucional.
La Audiencia ya desestimó el pasado 16 de julio el recurso de apelación formulado por los primos al considerar que se valieron de un presunto "fraude procesal" para "engañar a un tribunal de justicia" cuando utilizaron una carta falsa para intentar que se considerara como falso el testimonio de sus socios en Urbanor.
Frente a esta decisión, los Albertos plantearon un incidente de nulidad al considerar que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva "por no haberse respondido a todos los argumentos relacionados y no haber tratado una serie de cuestiones jurídicas relevantes para el proceso".
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha vuelto a rechazar las alegaciones de Alberto Alcocer y Alberto Cortina al considerar esta maniobra como "un entorpecimiento del trámite normal de la jurisdicción ordinaria que no se ajusta a derecho".
Además, ha calificado de "vicio procesal" la actitud de la parte recurrente que, según el auto, "pretende ahora que se entre a dirimir cuestiones fácticas y jurídicas impropias del momento procesal actual".
El pasado 16 de mayo el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ordenó la apertura de juicio oral contra Alberto Alcocer, Alberto Cortina y otras cinco personas -entre ellas sus abogados- por la presunta carta falsa utilizada por los Albertos para incriminar a sus socios en el caso Urbanor.
El juez Juan Javier Pérez Pérez consideró entonces que había indicios racionales de que Alberto Cortina, Alberto Alcocer, los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, los hermanos José María y Francisco Javier Arnaiz, y la documentalista Gloria Álvarez cometieron presuntamente delitos de falsedad en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa.
