Para María Extremadouro, la letrada viguesa del bufete Río Asociados Abogados que representa a Carmen y José el recurso a la Ley Concursal ha comenzado lentamente "pero ya hay más consultas e irá a más porque hay mucha gente con problemas para hacer frente a todas sus deudas".

"Es una alternativa y, además, no hay otra; o asumen el aluvión de demandas judiciales instadas por sus acreedores con la dramática consecuencia de las mismas, entre ellas, el posible embargo y ejecución de la vivienda familiar, u optan por esta vía", señala la abogada, que detalla el trámite legal. "Una vez presentada la solicitud de concurso ante el juzgado y aceptada, los acreedores son llamados y se constituye una administración concursal que decide cómo hacer frente a los pagos y en qué plazos ", explica.

"La deuda no desaparece pero, cuando se declara la situación de concurso, de entrada ya dejan de correr los intereses de la deuda, desaparece el riesgo de tener que afrontar las costas de los procedimientos judiciales de los acreedores, que ya no se pueden iniciar, ni tampoco ejecutar embargos por impago de la hipoteca, como mínimo por un año". El trámite, sin embargo, no es gratuito y los afectados han de pagar abogados, procuradores y edictos, trámite éste último que llega a 3.000 euros.