Desde hace varios años, los gobiernos municipales de estas localidades, en su mayoría costeras, se muestran preocupados por los gastos que se ven obligados a realizar para garantizar los servicios públicos a una mayor población que, con la llegada de turistas en verano se duplica en muchos casos, sin tener que repercutir dicho coste en una mayor presión para los residentes habituales.
De hecho, los municipios turísticos presentan unos niveles de gasto por habitante muy superiores a los no turísticos. Según un estudio realizado por la Universidad de las Islas Baleares, en 2003 la media de gasto por habitante en los municipios turísticos --medidos por el número medio de visitantes diarios y el número medio de pernoctaciones diarias-- fue de 1.032,25 euros frente a los 702,65 euros de los no turísticos.
El informe, titulado 'La actividad turística, ¿un problema para las finanzas municipales?', destaca que los principales gastos de las arcas públicas fueron destinados a protección civil y seguridad ciudadana, al bienestar comunitario y a la regulación comercial y económica de los sectores productivos vinculados con la actividad turística. Los costes por esos conceptos en dichos municipios superaron en un 71%, 98% y 246%, respectivamente, a los de los no turísticos.
Esta situación genera, según vienen reivindicando estos municipios y recoge dicho estudio, una situación de desequilibrio financiero, que se traduce "en déficit presupuestario y aumento de presión fiscal sobre la población residente o en una reducción de la calidad de la prestación de los servicios públicos locales".
El actual sistema de reparto de la principal transferencia que reciben los municipios españoles --Participación Municipal en los Tributos del Estado (PMTE)-- no considera la población no residente como una variable de necesidades de gasto, sino que se basa "en tributos rígidos que imposibilitan la obtención de unos ingresos proporcionales a la dinámica de crecimiento económico en cada territorio".
Así, los municipios turísticos durante determinadas épocas del año presentan una población superior a la censada, a la que deben garantizar los mismos servicios públicos que durante el resto del año además de los gastos derivados de la propia actividad turística.
Para atender a esta demanda acuden a incrementar la presión fiscal sobre la propia industria turística o sobre la población no residente para establecer un vínculo entre el incremento del gasto público y los ingresos generados por el turismo, tales como los impuestos sobre estancias o la conocida como 'ecotasa' que garantice el mantenimiento de la calidad de estos municipios como destinos turísticos. Por ello, exigen un aumento de las transferencias ante "la insuficiencia financiera que reciben" y dada la aportación del turismo al PIB.
UN 42% MÁS DE BENEFICIOS.
Por el contrario, si bien es cierto que el turismo incorpora una serie de bienes y servicios públicos aportados o prestados en gran parte por las arcas locales, dicho estudio incide en el "fuerte crecimiento económico urbanístico" que acompaña a la actividad turística y que genera importantes ingresos recaudatorios.
De esta forma, la aparición de segundas residencias de uso exclusivamente vacacional y el crecimiento del número de empleados en el sector, hace que aumente la demanda de suelo urbanizable en zonas o municipios muy concretos, lo que unido a la escasa oferta de suelo ha provocado un incremento del precio y por tanto de la construcción.
Los municipios turísticos alcanzan unos ingresos medios totales de 1.064 euros por habitante, mientras que esta cifra se sitúa en los 756 euros para los que no tienen esa condición, gracias a los ingresos de carácter tributario, especialmente los relacionados con la propiedad inmobiliaria.
Mientras que el resto de los municipios recaudan por esta vía 196 euros por residente, los municipios turísticos recaudan 327 euros por habitante, lo que supone un 66% más, siendo además la recaudación que obtienen del impuesto de bienes inmuebles (IBI) un 84% más elevada.
Los municipios turísticos registran un 42% más de media de beneficios propios que los obtenidos por los no turísticos. Esta diferencia supone un grado de autonomía financiera "importante" para los primeros, donde los ingresos propios derivados de esta condición suponen el 60% del total de los ingresos.
El informe concluye que, pese a las reivindicaciones de los gobiernos municipales, no puede decirse que los municipios turísticos se vean abocados a mantener una situación financiera "en peores condiciones", si bien el futuro de gran parte de las zonas turísticas "pasará por ofrecer unos servicios públicos locales de calidad".
Para ello, tendrá que analizarse "si esa mayor calidad ha de financiarse con recursos que obtengan los propios municipios --con un mayor esfuerzo fiscal-- o a través de financiación externa -básicamente transferencias tanto corrientes como de capital que permitan alcanzar dicho objetivo" ante la competencia actual de la oferta turística.
