La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció que su departamento realizará una primera oferta de suelo público en octubre por valor de 300 millones de euros ampliables. Según señaló en su intervención en el 'Foro Cinco Días', esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES. Se dará prioridad a los terrenos que permitan una transformación inmediata para VPO y las Comunidades Autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista en este proyecto.
La caída de precios ha llevado al Gobierno a plantear que es un buen momento para comprar suelo a las promotoras inmobiliarias, lastradas por altos volúmenes de deuda ante el frenazo en las ventas.
Por ello hoy ha anunciado que dedicará 300 millones de euros a comprar suelo privado para la construcción de vivienda protegida (VPO) a través de la entidad estatal de suelo SEPES. El Ministerio de Vivienda insiste en que la idea es que si hay suelo disponible se compre, pero no como medida de apoyo a la crisis que azota a la economia y a este sector especialmente.
Precisamente el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguraba ayer que el Gobierno podría comprar suelo siempre que fuera para cubrir las necesidades del Ejecutivo para desarrollar políticas de Estado, pero no para ayudar a las empresas privadas.
"El Gobierno hará todo lo que pueda hacer dentro de los instrumentos legales del sistema", señaló Solbes durante un curso de periodismo económico en la escuela de verano de 'El País', donde recordó que si hay suelo disponible, el Gobierno puede actuar en este sentido, aunque partiendo de un acuerdo con los ayuntamientos y de un sistema de compra "transparente".
Y esto es precisamente lo que hoy ha anunciado la ministra de Vivienda quien ha comunicado la intención del Gobierno de adquirir solares privados por un importe de 300 millones de euros. El plazo de presentación de las ofertas comenzará en el mes de octubre y tendrá una vigencia de tres meses.
A partir de ese momento, SEPES dispondrá de seis meses para valorar cada una de las ofertas y realizar el preceptivo estudio de viabilidad económica, durante los que mantendrá el derecho a compra de los terrenos. Estas ofertas serán evaluadas por una comisión en la que la entidad pública de suelo trabajará estrechamente con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La ministra de vivienda asegura que las comunidades y ayuntamientos tendrán un papel "protagonista" en este proceso por ello SEPES y administraciones autonómicas y locales consensuarán en el mes de septiembre los criterios de selección de las ofertas.
De momento, Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a las ofertas de suelos susceptibles de transformación inmediata para la construcción de VPO o los situados en territorios con mayor demanda de suelo, según los criterios del Plan de Vivienda y de los registros de demandantes de vivienda protegida. En cualquier caso, Corredor aseguró que la oferta pública se realizará en condiciones de "trasparencia" e "igualdad de condiciones".
Oferta ampliable
El precio de compra vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores de suelo en cada actuación en relación a los módulos de vivienda protegida. Corredor señaló que, según "lo que se ofrezca (qué tipo suelos y en qué momento de desarrollo) y la cantidad que se ofrezca", cabría la posibilidad de que la cuantía inicial de 300 millones de euros sea ampliada.
Por lo pronto, la inversión media anual de SEPES en la compra de suelos ronda los 100 millones de euros, aunque está previsto que se amplíe a 150 millones de euros el próximo año, a los que habría que sumar la cuantía destinada a la nueva línea de compra a inmobiliarias.
En este contexto, Corredor aseguró que SEPES está buscando la forma "más eficiente" de financiación en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que al fin y al cabo se "trata de suelo público".
No es un rescate
La ministra quiso dejar claro que esta actuación medida no supone una medida para salir al rescate de promotores y empresas inmobiliarias, sino de una medida "estratégica" para cumplir el compromiso del Gobierno de construir 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos diez años.
En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década. "Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.
En materia de suelo, Corredor señaló que el Gobierno se encuentra trabajando en la redacción del reglamento de desarrollo de la Ley de Suelo, aprobada en julio del pasado año, para, entre otras cosas, establecer los principios de regulación y gestión de los suelos.
