En la rueda de prensa posterior a la presentación de las bases para el nuevo modelo, Solbes ha reconocido que no se puede dar una cifra estimativa sobre su coste, ya que primero hay que elegir el sistema y luego ver los márgenes presupuestarios con los que cuenta el Gobierno, pues es "difícil precisar lo que va a ocurrir en otoño".

Sobre la previsión del Gobierno que incluye una cesión del 50 por ciento de los impuestos especiales mientras que el Estatuto de Cataluña prevé un 58 por ciento, ha indicado que "el compromiso es cumplir con el Estatuto" y ha dicho que están trabajando sobre "esa hipótesis".

Ha insistido en que el esfuerzo fiscal de las comunidades "no tiene nada que ver con el resultado de las balanzas fiscales", por lo que medir ese esfuerzo también formará parte de la negociación que empieza el próximo martes, día 22, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Respecto a la población, Solbes, que ha indicado que "es un tema abierto" y que "lo lógico es que la pongamos al día", ha destacado que aunque es la variable que más peso tiene en el actual sistema también hay "algunos elementos de matización" como la dispersión territorial o la inmigración.

"Si somos capaces de llegar a un acuerdo unánime en estos ajustes", ha añadido, al Gobierno "le parecerá bien, si no se aplicarán los mismos criterios".

Ha recordado que para poder aplicar el sistema en los distintos territorios, los gobiernos autonómicos deberán aceptar el modelo, y ha señalado que le gustaría que fuera lo "suficientemente atractivo para que todos lo pudieran firmar",

Para el vicepresidente económico, en las próximas negociaciones las autonomías "no van a funcionar por problemas ideológicos, sino en función de los intereses de sus comunidades".

Preguntado por el aumento de la capacidad normativa de las autonomias, Solbes ha dicho que actualmente en los tributos cedidos "tienen muy poca y sí en los impuestos compartidos con el Gobierno Central", pero esa capacidad normativa "la utilizan a la baja, lo que a veces plantea dificultades para sus necesidades de financiación".

"No parece lógico -ha subrayado- decir que necesito más dinero y luego bajar los impuestos que me corresponden a mí".

Asimismo, Solbes ha insistido en que ninguna comunidad perderá financiación, aunque ha dicho que dependerá de como evolucione su renta para que ocupe un puesto u otro en el ránking autonómico, y ha precisado que las que tienen una población "claramente superior" a la del año 1999 percibirán más.

Ha reconocido que la propuesta no recoge "las posiciones de todo el mundo", ya que eso "es imposible", aunque parte de lo que el Gobierno considera "aceptables, a partir de las cuales podemos negociar".

En este sentido, preguntado por el caso de las Islas Baleares, que piden que pondere más la insularidad y la lejanía, Solbes ha indicado que lo que el Gobierno quiere con el nuevo sistema es "corregir divergencias", por lo que Baleares "lo debería ver como positivo".

Ha precisado que los criterios de insularidad y lejanía, ya están recogidos en la variable de población del actual sistema, y que necesitará consenso para que se le de mayor importancia en el nuevo modelo.