La presentación de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, que se hizo efectiva ayer en A Coruña donde tiene su sede central, arrastró a constructores y entidades financieras a números rojos provocando que el Ibex cerrase con una caída del 2,5%. Por su parte, el Gobierno aseguró ayer que no intervendría en la crisis de la inmobiliaria de Fernando Martín.

La solicitud de Martinsa Fadesa para presentar concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) arrastró al resto del sector de construcción ante el miedo de que esta situación pueda extrapolarse a otras compañías y al sector financiero por su exposición al mercado inmobiliario.

En concreto, el Ibex, que llegó a perder en algunos momentos de la sesión hasta casi un 4%, se situó al cierre en el nivel de los 11.151,60 puntos, la cota más baja desde el 20 de junio de 2006, cuando cerró en 11.103,50 unidades, con lo que en lo que va de año ha perdido ya más de 4.000 puntos y acumula un descenso del 26,55%.

Los expertos también resaltaron que en el desplome bursátil de ayer también han influido los problemas de las agencias estadounidenses de garantía hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac, en un momento en el que el mercado pensaba que la situación se había estabilizado.

En este contexto de recortes para el sector de la construcción, la mayor caída fue para Sacyr Vallehermoso (-8,37%), seguido de Ferrovial (-7,37%), Cintra (-4,22%), Acciona (-4,21%), ACS (-3,95%), FCC (-3,75%) y Abertis (-3,31%).

En el sector de la banca, el más afectado por los descensos fue Banco Popular (-5,63%), con quien Martinsa Fadesa mantiene parte de su deuda.

Suspensión de pagos

Martinsa-Fadesa presentó ayer la petición de concurso voluntario de acreedores, situación que ha llevado a sus bancos acreedores a dotar partidas específicas frente a posibles impagos, mientras que el Gobierno insiste en que no intervendrá en el sector.

La inmobiliaria presentó a última hora de la mañana de ayer en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, donde tiene su domicilio social, el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), situación a la que se ha visto abocada para "garantizar la continuidad de su proyecto empresarial".

Desde el Ejecutivo la postura no intervencionista ha sido la respaldada ayer por varios de sus responsables, en tanto que algunas de las 45 entidades que participan en el sindicato bancario que refinanció 4.000 millones de euros de deuda a Martinsa-Fadesa han notificado dotaciones para anticiparse al impacto del concurso voluntario de acreedores.

Junto con el mensaje no intervencionista, el Ejecutivo ha mostrado su apoyo tanto a los trabajadores de la inmobiliaria como a los consumidores que tienen comprometida la construcción de una vivienda, tal y como ha manifestado la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. A pesar de la situación, la compañía presidida por Fernando Martín confía en poder continuar con su actividad, aunque esos planes podrían frustrarse por las dificultades que encontrará para vender parte de un patrimonio que está valorado en cerca de 11.000 millones de euros.

Una vez que los bancos decidieron no alargar más los plazos de pago, la inmobiliaria ha intentado recurrir al Gobierno, no sólo solicitando los 150 millones de euros que necesitaba para evitar la suspensión de pagos al Instituto de Crédito Oficial (ICO), sino también recurriendo al Ministerio de Vivienda para que a través de la entidad estatal de suelo SEPES le comprara suelo por ese importe, según fuentes conocedoras del proceso.

El G-14, grupo que aúna a las principales inmobiliarias y que estaba presidido por Fernando Martín, pidió al Gobierno medidas que reactiven el crédito, en tanto que la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) quiere reunirse con el Ejecutivo y la banca para buscar soluciones al problema.