En un escenario de crisis económica, la intervención de los poderes públicos para dinamizar la actividad tropieza en el caso Galicia con una Xunta cargada de deudas y unas previsiones de ingresos que se reducen a cada revisión de las expectativas de crecimiento. Hasta el pasado mes de marzo, la administración gallega tenía una deuda viva con los bancos y cajas de más de 3.500 millones de euros, según los datos del Banco de España. Esta cantidad representa una reducción del 3,4% con respecto al último trimestre del año pasado, pero un 2,2% por encima de la deuda que tenía hasta esa misma fecha el año anterior. Incrementos más moderados que los registrados en años pasados, pero aumentos al fin y al cabo. Esta ligera reducción no debe empujar al optimismo, ya que la deuda de las empresas públicas gallegas ha crecido un 10% (hasta los 261 millones de euros) en el primer trimestre del año con respecto al último de 2007. El incremento es aún mayor si se compara con el primer trimestre del año pasado. En este caso, la subida ha superado el 50% (de 172 millones a 261). Muy lejos quedan los 20 millones de deuda de finales de 2005. A su vez, la menor recaudación que va a significar la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones (unos 75 millones de euros al año) se suma al efecto de la crisis inmobiliaria. La Xunta dejará de recaudar en impuestos más de 200 millones por la desaceleración económica.
