El sindicato CIG anunció ayer que el Juzgado de instrucción número 2 de Ferrol acaba de admitir a trámite la querella criminal que presentó contra siete altos cargos del Ministerio de Fomento por el naufragio del "Cordero", en el que falleció un marinero y desaparecieron otros cuatro.
Fuentes del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol confirmaron la admisión a trámite de la querella relacionada con el dispositivo de salvamento activado a consecuencia del naufragio ocurrido el pasado 15 de enero frente a Cabo Prior. La central entiende que tanto los siete cargos del ministerio como los máximos responsables de las empresas Helicsa y Remasa cometieron, durante las labores de rescate, delitos de homicidio imprudente por omisión y contra los derechos de los trabajadores.
El sindicato denunció que el día del naufragio no estaba disponible el helicóptero habitual de rescate y que el aparato por el que fue sustituido no estaba equipado con sistema de vuelo estacionario automático. Además, denunció que los barcos de salvamento tardaron en recibir la orden de salida, que el relevo entre un helicóptero y otro de los que participaron en el rescate tardó media hora y que el "Pesca 2" se activó con retraso porque su tripulación no contaba con presencia permanente en la base.
En la querella figuran Felipe Martínez, director general de la Marina Mercante; Fernando Palao, secretario general de Transportes; Francisco Suárez-Llanos, subdirector general de Seguridad Marítima; Alfredo de la Torre, subdirector general de calidad y normalización de Buques; Pilar Tejo, directora general de Sasemar; el director de Operaciones de Sasemar, y el director del centro nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo.
Además, la querella se dirige contra el presidente del consejo de administración de Helicsa y el presidente de Remasa.
