El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer en Barcelona un paquete de medidas para reactivar la economía, que el Consejo de Ministros aprobará en un mes. Una de esas medidas tiene que ver con la subida de la tarifa de la luz sobre la que afirmó que los ciudadanos "van a sufrir, pero lo menos posible", ya que se creará un nueva tarifa que variará en función del horario y que permitirá el ahorro y la eficiencia de los hogares españoles.

Desde el Ejecutivo se impulsará una "tarifa social" que hará posible que se reduzcan al máximo las repercusiones derivadas de los incrementos del precio de la luz a nivel internacional sobre los consumidores con menor capacidad. El presidente del Gobierno indicó que el aumento de las tarifas es algo inevitable, ya que el precio de la luz no ha recogido las grandes subidas de los precios de los carburantes, alejándose así de los costes reales.

Sin dejar de lado las cuestiones energéticas, Zapatero también se refirió a la posible apertura de un debate sobre el uso y proliferación de la energía nuclear en España, después de que el presidente del Círculo de Economía criticara que la cuestión sea un tema "tabú" para el Ejecutivo socialista, y de que el ex presidente del Gobierno Felipe González defendiera en el mismo foro la reapertura del debate ante una posible crisis energética en 2012.

"Claro que podemos hacer un debate", explicó, "y me presto a hacer un monográfico", aclaró Zapatero. Sin embargo, el presidente comentó que será necesario analizarlo desde el punto de vista económico y constató que la apuesta del Gobierno son las energías renovables ya que a su juicio, "si fuérmos por otra dirección no seríamos grandes" en ese tipo de energías alternativas.

El paquete de reformas estructurales que se incorporarán al programa nacional de reformas que deberá presentar a la Comisión Europea en octubre. Por un lado, el Gobierno se propondrá reducir en un 30% las cargas administrativas que soportan las empresas, ya que hay 22.000 normas vigentes y un flujo anual de 2.000 más entre Estado y Comunidades Autónomas.

También se contempla "una trasposición ambiciosa" de la directiva europea de servicios que, a su juicio, permitirá reducir el comportamiento diferencial inflacionario de este sector y crear un entorno normativo basado en la trasparencia, al tiempo que incrementará la calidad disponible para empresas y ciudadanos. Así el Ejecutivo tendrá "una ley paraguas" que incorporará los principios generales de la directiva.