Además de estas operaciones, sometidas a indagación a partir de alertas de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, la Comisión tramitó entre 2004 y 2007 un total de 684 asuntos vinculados a la financiación de ETA o del terrorismo islamista.
Estos datos figuran en una respuesta oficial del Gobierno a una pregunta parlamentaria de la diputada de UPyD, Rosa Díez, interesada por la actividad de la CVAFT, organismo creado en mayo de 2003.
La contestación asegura que en ese cuatrienio la comisión cerró 296 casos relacionados con ETA, 369 con el terrorismo integrista y 65 de otras organizaciones, cifras que suman 730 asuntos.
El Ejecutivo no aclara por qué en su estadística figuran en el último cuatrienio más investigaciones cerradas que tramitadas.
En cualquier caso, sus datos sí apuntan a una evolución en la que ha habido más actividades sospechosas relacionadas con ETA que con los integristas islámicos.
Si en 2004 se cerraron 80 indagaciones vinculadas a ETA y otras tantas relacionadas con los islamistas, al año siguiente concluyeron 93 del primer ámbito y 103 del segundo.
En 2006 también se culminaron más casos de terrorismo islamista (99) que del terrorismo etarra (66), y el año pasado se mantuvo la diferencia, con 87 asuntos de islamistas frente a 57 de ETA.
La CVAFT tiene como principal función el bloqueo de las cuentas y valores utilizados por personas o entidades relacionadas con el terrorismo, y para ello recibe información de bancos, autoridades judiciales, Fiscalía y Fuerzas de Seguridad.
La mayoría de sus investigaciones comienzan a partir de alertas de operaciones sospechosas de las entidades financieras, que en 2004 hicieron llegar 89 comunicaciones; 113 en 2005; 59 al año siguiente y 135 en 2007, siempre según los datos gubernamentales.
En el mismo cuatrienio, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil fueron los que más solicitudes de información cursaron a la Comisión encargada de vigilar la financiación del terrorismo.
El instituto armado tramitó 129 requerimientos y la Policía un centenar, mientras que los jueces cursaron 21, cuatro el Ministerio Fiscal y seis las policías autonómicas; también hubo 15 peticiones de otros organismos no especificados.
La diputada Rosa Díez había solicitado además los datos sobre las investigaciones actualmente en curso, pero el Ejecutivo le informa de que se trata de información clasificada.
Tampoco especifica la contestación gubernamental cuántas operaciones han sido bloqueadas, y su cuantía, tal y como había pedido la dirigente de UPyD, porque para adoptar esta medida, aclara el Gobierno, "se ha utilizado siempre la vía judicial".
De esta manera, el bloqueo de fondos se ha canalizado desde la CFVAT hacia las autoridades judiciales porque, según el mismo documento, "habitualmente resulta necesaria la intervención de las autoridades judiciales en relación con las actuaciones" y además la comisión no quiere "interferir" en las indagaciones de los jueces.
La CFVAT, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, está conformada por altos cargos de los Ministerios de Interior, Justicia y Economía, junto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el director de la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, Ignacio Palicio Diaz-Faes.
