Proinsa acumula una deuda de casi 40 millones de euros

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Un instante de la reunión entre sindicatos y representantes de Proinsa, ayer en Pontevedra.
Un instante de la reunión entre sindicatos y representantes de Proinsa, ayer en Pontevedra. Rafa Vázquez
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La CIG asegura que en Pontevedra han cerrado unas 30 empresas desde principios de año

B. MÁRQUEZ/A. GRAÑA / PONTEVEDRA Los representantes de Proinsa propusieron ayer a los sindicatos un expediente de regulación de empleo para la constructora lalinense, que está inmersa en un proceso concursal de acreedores, con la intención de rebajar los cerca de 6 millones de euros que ésta deberá destinar a las indemnizaciones de sus empleados. La petición fue rechazada por los representantes de los trabajadores en el transcurso de la reunión mantenida en la sede pontevedresa de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe). Tanto UGT como Comisións Obreiras y CIG consideran la solicitud "inoportuna e prexudicial" para los trabajadores que, una vez recibidas sus cartas de despido, han rescindido su relación laboral con la empresa asentada en Bergazos (Donsión).

Ramiro Lorenzo y María González Posada actuaron en nombre de Proinsa haciendo entrega de la documentación económica en formato digital que se ha presentado en el proceso concursal. Además, los dos asesores de la empresa afirmaron que su representado cuenta con un pre-contrato de un comprador para las tres firmas del grupo (Proinsa, Seixo e Inyeuropa) cuyo nombre no fue desvelado, pero que según fuentes sindicales podría tratarse de uno de los acreedores.

El informe entregado a los representantes de los trabajadores supone varios millares de páginas que los departamentos jurídicos de los sindicatos intentarán analizar en los próximos días. No obstante, las tres centrales coinciden en mantener sus reivindicaciones hasta el final del proceso. Para José Carlos Del Río, de la UGT, "el expediente de regulación de empleo era el procedimiento que se debió haber seguido desde un primer momento, y no ahora que estamos en pleno proceso concursal", y se mostraba escéptico sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo laboral "sin saber cuál sería la actividad a la que pretende dedicar la empresa el supuesto comprador, y con cuántos trabajadores". Para Del Río, la principal dificultad con la que se encuentra la propuesta de Proinsa estriba en que "los jueces de lo Social deberán inhibirse en favor del de lo Mercantil, que es el que ejecuta la sentencia".

Por otra parte, la CIG informó ayer que la desaceleración económica se ha cobrado ya en la provincia de Pontevedra una treintena de empresas, la práctica totalidad pertenecientes a la construcción o a actividades relacionadas de manera directa con el sector: carpinterías, calefactores, fontanería.

Estos son los datos que maneja el secretario comarcal de CIG-Pontevedra, Rafael Iglesias, quien ayer explicaba que "en lo que va de año a cada uno de los dos juzgados de lo Mercantil de la provincia le han llegado entre 15 y 20 suspensiones de pagos". Son los primeros pasos de una crisis que "tendrá su peor momento en el año 2009", augura Rafael Iglesias, con la experiencia que le da haber constatado en situaciones idénticas del pasado que "en Galicia las crisis en la construcción tardan en llegar pero también más en remontar".

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