Fiscalía Anticorrupción

El fiscal del ´caso Sintel´ afirma que Conde-Pumpido le prohibió recurrir el archivo de imputaciones

08.04.2008 | 16:23

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, prohibió a la Fiscalía Anticorrupción interponer recurso contra el auto de sobreseimiento de las imputaciones contra 5 ex directivos de Telefónica y otros 11 imputados por presuntos delitos de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública por la venta y posterior quiebra de Sintel, dictado el pasado 12 de diciembre por el juez Santiago Pedraz.

En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, remitido el pasado 31 de diciembre por el fiscal del 'caso Sintel', José Grinda, al Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, Grinda considera que la prohibición del Fiscal General del Estado "fue contraria a las leyes e improcedente" y que vulnera el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece el procedimiento a seguir cuando el máximo responsable del Ministerio Fiscal ordena una acción contraria a lo planteado por el fiscal.

Conde-Pumpido prohibió la interposición del recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras leer el contenido del mismo y, según el fiscal, vulnerando el párrafo segundo del artículo 27 que le obliga a presentar la ratificación de sus instrucciones "por escrito razonado", así como la exigencia de "resolverlo oyendo a la Junta de Fiscales de Sala" y el artículo 6 del Estatuto Fiscal, que regula las funciones generales de su cargo.

En su escrito, el fiscal considera que la actuación de Conde-Pumpido supuso una "dejación del obligado ejercicio de la acción penal", y considera "improcedente" que no continúe el procedimiento "contra aquellas personas que, existiendo suficientes elementos incriminatorios, han sido imputados precisamente a solicitud de la Fiscalía, sin que de aquella solicitud de imputación hasta ahora se hayan modificado las circunstancias fácticas concurrentes".

El pasado 12 de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional dictó auto de transformación del procedimiento abreviado en el que procesaba a 8 directivos de Sintel a la vez que ordenaba el sobreseimiento de los otros 16 imputados a instancias de Anticorrupción.

SOBRESEIMIENTO CONTRARIO A LA FISCALÍA.

Esta decisión, contraria a lo planteado por el fiscal en su escrito de acusación, alejó la posibilidad de declarar a Telefónica responsable civil subsidiaria de quiebra de Sintel, que se saldó con 1.800 trabajadores en la calle y un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.

Tras más de cinco años imputados, el juez eximió al presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, Cándido Velázquez, y el entonces secretario del Consejo de Administración, Heliodoro Alcaraz. También exculpó al secretario general en tiempos de Juan Villalonga, José María Más Millet, el entonces vicesecretario general, Diego Luis Romeral, y el apoderado, Luis Angel Casado Carrasco. Junto a éstos se sobreseyó la causa contra otros 11 imputados del entorno de Sintel.

El auto de procesamiento ordenaba a las partes la presentación de sus respectivos escritos de acusación antes de ordenar la apertura de juicio oral y se hizo público un día antes de dar traslado a las acusaciones particulares.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente de resolver los recursos presentados por las dos acusaciones particulares de los trabajadores de Sintel contra el sobreseimiento. Las acusaciones mantendrán en sus escritos de calificación la imputación contra todos ellos.

Tras esta actuación del Fiscal General del Estado, el fiscal solicita en su escrito su propio relevo al frente del 'caso Sintel' tras siete años de investigación, respaldada desde su inicio por la Fiscalía General del Estado, al "considerar que el no ejercicio de las acciones contra los imputados podría suponer la no persecución de un delito".

Para concluir, el fiscal reclama la aplicación del artículo 27 "desde la más firme convicción de que la orden transmitida no es acorde a la Ley, sin perjuicio de que la misma es, sin duda, la guía de la propia orden del Fiscal General del Estado" y defiende en todo momento la actuación de Salinas al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

LLAMADA DE SALINAS EN NOMBRE DE CONDE-PUMPIDO.

"El pasado 29 de diciembre recibí una llamada telefónica del Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, prohibiéndome en nombre del Excm. Fiscal General del Estado, que interpusiera recurso alguno contra el auto de sobreseimiento", según relata el fiscal en su escrito.

Durante la conversación, Salinas "expuso cómo Conde-Pumpido había afirmado que no veía tipicidad en la conducta de los imputados cuya conducta se había sobreseído porque el artículo 260, del Código Penal exigía una connivencia entre los empresarios y las demás personas que no fueran autores propios", según el escrito.

El fiscal explica que "no existía posibilidad de albergar duda alguna acerca de la relevancia penal de los hechos descritos en los informes de acusación presentados en enero y mayo de 2007". Grinda destaca que estos mismos hechos fueron recogidos por Pedraz en el auto de procesamiento los ocho acusados que irán a juicio oral, dictado al mismo tiempo que el de sobreseimiento.

Conde-Pumpido ordenó que el escrito de recurso contra el auto de sobreseimiento se presentara "días antes de que finalizara el plazo para dar traslado del mismo al Fiscal General del Estado", tras leerlo, prohibió su interposición.

Grinda recuerda en su escrito que, tal y como exponía en su recurso, Velázquez y Alcaraz estuvieron imputados por los hechos cometidos cuando Sintel era propiedad al 100% de Telefónica y que, respecto a los demás, se exponían las declaraciones de coimputados que aseveran la "connivencia de los mismos con los administradores de Sintel".

Los principales acusados por la venta de la filial de Telefónica, que tuvo lugar en 2001, son los hermanos Jorge y Juan Carlos Mas Santos, ex presidente y ex consejero de la filial de Telefónica, respectivamente. Ambos de nacionalidad estadounidense e hijos del fallecido empresario cubano anticastrista, Jorge Mas Santos, se enfrentan a penas de entre 2 y 6 años de cárcel.

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