Según datos aportados por la Comisión Europea (CE), el 68% del pescado que se consume en la Unión Europea (UE) procede de importaciones de terceros países, principalmente de países desarrollados y emergentes.

Así, cada año entran en la UE alrededor de 8 millones de toneladas de pescado procedente de terceros países, con un valor económico que supera los 20.000 millones de euros. De tal cantidad, apenas 700.000 toneladas (9%) proceden de países ACP (África, Caribe y Pacífico), con un valor de 2.500 millones de euros (12% del total).

Tales datos fueron expuestos ayer por el secretario general de la patronal pesquera española Cepesca, Javier Garat, en Londres, durante la conferencia que impartió en Chatman House sobre los desafíos afrontados por la industria para luchar contra la pesca ilegal", ante representantes de varios gobiernos europeos, de la CE, FAO, ONGs y el sector pesquero europeo.

En tal foro, Garat aludió a la situación de las empresas pesqueras europeas, que atraviesan "momentos delicados debido al incremento de los costes de explotación, principalmente por el alto coste del gasóleo y del derivado del cumplimiento de la estricta normativa comunitaria y al bajo nivel de los precios del pescado en primera venta".

Además, el representante de la patronal pesquera española recordó "el negativo impacto de la pesca ilegal procedente de terceros países en la flota legal y la competencia desleal que implica".

Ante tal situación, Garat pidió a la CE y a los Estados miembros que refuercen las medidas de luchar contra la pesca ilegal, pero advirtiendo de que "cualquier nueva medida que se pretenda introducir no debería implicar incremento en los costes de explotación de las empresas que practican una pesca legal y responsable"

En cuanto a la propuesta de reglamento presentada por la CE para luchar contra la pesca ilegal, Cepesca la apoya, de forma general, aunque destacó Garat "su complejidad, el incremento de la carga burocrática y administrativa que puede generar, el coste económico que implicará y la necesidad de ayudar a los Gobiernos de los terceros países para que puedan aplicarla".

Además, Javier Garat recordó ante el foro londinense la posición unánime recogida en el dictamen del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura de la UE sobre este asunto, donde se refleja que "considerando que todas las medidas que adoptará la CE en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se aplicarán sin discriminación", conviene tomar en cuenta "la situación de los buques de pesca sin pabellón o que enarbolan bandera de un Estado que no cumple con sus obligaciones respecto al derecho internacional; en este caso, hay que tomar medidas vigorosas y rápidas".

Medidas

Mientras, para los buques de pesca sometidos a una normativa, como es el caso de los buques con bandera de un Estado de la UE, que deben de operar cumpliendo con las reglas de la Política Común de Pesca (licencias, controles, inspecciones, diarios de a bordo, declaraciones de desembarque o notas de venta), se ve conveniente "analizar las medidas existentes, mejorar los controles y proponer las enmiendas y complementos de reglamentación necesarios para lograr los objetivos contemplados".

El responsable de Cepesca reclamó, por último, que el nuevo esquema de certificados que se pretende implantar sea "lo suficientemente sencillo como para impedir que se convierta en una barrera comercial no tarifaria para la pesca legal".