Los dirigentes del Pontevedra C. F. no tendrán que responder, al menos ante la ley, por la gestión realizada al frente del club granate en los últimos años y que abocó a la entidad a entrar en concurso de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital. Y es que, según ha podido saber FARO, tanto la Fiscalía como la administración concursal han calificado el concurso de acreedores por el que atraviesa la entidad como "fortuito".
Fuentes consultadas por este diario indican que con esta decisión, los gestores del club evitan que los tribunales pudieran tomar algún tipo de medida sancionadora en su contra como pudiera ser su inhabilitación (como ya ocurrió en el caso del anterior presidente del Celta, Horacio Gómez) o que tuvieran que responder de los desfases económicos del club con su propio patrimonio. Las mismas fuentes indicaron que, una vez que parece que no hay materia para solicitar responsabilidades por esta vía de lo mercantil, difícilmente se prevén otras vías judiciales. Aunque el fiscal critica en su escrito algunas prácticas y decisiones que pudieran haber puesto en peligro la estabilidad económica y presupuestaria del club, no se aprecian indicios para solicitar un veredicto de culpabilidad en el concurso de acreedores que sigue el juzgado de lo Mercantil, ni tampoco fugas de capital de las arcas del club que pudieran resultar sospechosas o extrañas.
Tampoco se aprecian maniobras que pudieran tener como objetivo ocultar a los acreedores la situación real por la que atravesaba la sociedad anónima deportiva, algo que sí ocurrió por ejemplo en el Celta, y el fiscal considera que muchas de las empresas que aportaron en los últimos años fondos a la sociedad y que figuran en la lista de acreedores lo hicieron teniendo una idea aproximada de la difícil situación económica hacia la que se encaminaba el Pontevedra. Muchas de ellas tienen realmente difícil recuperar esta inversión (el propio presidente del Consejo de Administración ya reconoció en la última junta de accionistas que muchas habían desaparecido y que otras no iban a reclamar) dado que en la lista de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil la primera entidad que deberá zanjar toda su deuda es la Seguridad Social y Hacienda.
Esta declaración del concurso de acreedores como "fortuito" no influye en el convenio acordado entre el club y sus acreedores para zanjar la deuda y que deberá cumplir a rajatabla durante los próximos diez años. No obstante, contribuirá a que todo este proceso se pueda desarrollar con mayor "paz" en la entidad. Un largo camino de diez años que distintas fuentes consultadas señalan que puede ser realmente difícil de completar si el club no logra aumentar sus ingresos, algo que pasaría por no perpetuarse en la actual Tercera División en la que milita.
La situación caótica a la que llegó el club pontevedrés fue a causa de las pérdidas que venía arrastrando la entidad en las últimas temporadas que llegaron a un total de 5.025.000 euros. El actual presidente anunció que la deuda actual puede quedar reducida a 700.000 euros, ya que se le adeuda a la Agencia Tributaria 400.000 euros, que se espera que la reparta en plazos, mientras que a Seguridad Social, son 250.000, pero será un aval presentado por el máximo accionista en su momento, Nino Mirón, quien responda por ella, mientras que la de acreedores es de 700.000, que quedarán reducidos a unos 100.000 euros o menos.
