La comisión mixta para Segunda B formada por miembros de la AFE y de la RFEF reconoció un total de 125 reclamaciones pendientes de abono por parte de 11 clubes, con un importe que asciende a 915.172 euros. Una vez atendidas las alegaciones que formuló el Ourense, el montante que debería abonar a los 18 jugadores que presentaron denuncia se eleva a 160.000 euros, más del 17 % de todos los impagos de la categoría. El porcentaje da una idea del despropósito presupuestario, sin estar contabilizada todavía la nómina de junio y el dinero adeudado al cuerpo técnico y a los empleados.
El sindicato de futbolistas subraya que esa cantidad deberá ser abonada con anterioridad a las 12.00 horas del próximo lunes 30 de junio, con la particularidad de que cualquier transferencia que se haga a partir del día 27 deberá realizarse a través del Banco de España. "En caso contrario y según lo establecido en el artículo 192 del Reglamento General de la RFEF, la comisión mixta informará a la propia RFEF de la existencia de dichas deudas, a los efectos del posible descenso de categoría y demás consecuencias previstas reglamentariamente", se expone en el comunicado.
La resolución de estas denuncias se computa a los efectos de exigir el depósito de un aval, a presentar ante la RFEF en la primera semana de julio para poder participar la próxima temporada en Segunda División B -su cuantía se hará pública en las próximas horas-. Solo el Laudio parece tan condenado al descenso como el Ourense.
