El Ourense ya dispone de la documentación remitida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre las reclamaciones por impagos que han presentado sus jugadores. Denunciaron 18, todos los que podían hacerlo, y el montante reclamado se eleva a 164.000 euros.
En el club deben estudiar ahora los documentos para comprobar las cantidades y posteriormente se presentarán alegaciones, aunque la deuda que amenaza los 62 años de historia de la entidad de O Couto no variará de forma sustancial. El plazo definitivo para hacer efectivo el pago será el lunes 30 de junio a las 12.00 horas.
En caso de no hacerlo, el Ourense será descendido administrativamente a Tercera División y su plaza en Segunda B será subastada. Apenas quedan tres semanas de margen para evitar la estocada, un milagro que tiene sus precedentes en dos temporadas de la pasada década, cuando la deuda con la plantilla se disparó hasta 255.000 y 210.000 euros. En el año 2007, al final del concurso de acreedores, se evitó el descenso administrativo con el dinero de las subvenciones liberado a última hora por la Diputación (190.000 euros) y el Consello Municipal de Deportes (210.000 euros). Al año siguiente, fueron el presidente de la Diputación y empresarios, con una aportación de 100.000 euros por cada parte, los que pagaron a los futbolistas y evitaron el descenso a Preferente, porque a Tercera ya se había caído en el campo. Por entonces se podía pagar hasta el 31 de julio, pero seis años después la agonía será más corta.
En caso de que aparezca una alternativa solvente al actual consejo de administración, el plazo para evitar el mal menor, la suscripción de un aval para competir la próxima temporada en la categoría de bronce, concluye el 23 de junio. Al día siguiente se reunirá la comisión mixta AFE-RFEF, que además de resolver sobre las denuncias se encarga de fijar la cuantía del aval. Para el Ourense podría ascender a 200.000 euros.
En total se han producido 210 reclamaciones por impagos a un total de 32 clubes de Segunda B por una cantidad que asciende a 1.997.365 euros. Según informó la AFE, estos datos suponen un descenso del 13 % y del 61 % en relación al número de reclamaciones presentadas en las temporadas 2012-2013 y 2011-2012 respectivamente, así como un descenso del 14 % y 51 % respectivamente, en cuanto a las cantidades reclamadas en las dos campañas previas.
El miércoles 25 de junio deberá estar en la AFE la documentación de las reclamaciones cuyo vencimiento de pago se produzca a lo largo del mes de junio. El Ourense conocerá su cuantía el 8 de julio y el impago de las cantidades aprobadas por la comisión mixta en su segunda reunión conllevará la suspensión de los servicios federativos, no pudiendo entre otras cosas tramitar las licencias. Para entonces se habrá oficializado la dimisión del actual consejo de administración en la junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el 18 o el 19 de junio.
Por otra parte, la directiva ha confirmado que no tiene intención de firmar el finiquito del entrenador. Luisito anunció el pasado miércoles su dimisión para dejar de ser técnico del Ourense a 30 de junio, pero al no haber un acuerdo en los términos económicos con la directivos para rescindir un contrato que expira en junio de 2015 el tira y afloja podría acabar en el Juzgado. El club volvería a ser el gran perjudicado, si es que queda algo en pie a final de mes.
