La investigación de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol apunta a un posible perjuicio de al menos de 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports, informaron fuentes de la investigación.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la Federación en 2016.
Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports -empresa presidida por el fallecido Jesús Samper- por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección.
Pero, además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros.
Esas irregularidades habrían sido apreciadas por la auditoría del CSD y, ante la negativa de la Federación a dar explicaciones, el entonces responsable del Consejo, Miguel Cardenal, decidió denunciar los hechos.
Fue el detonante de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que ayer se saldó con cuatro arrestos, entre ellos el de Juan Padrón, al que los investigadores otorgan un papel determinante en las prácticas corruptas de la Federación.
Entre ellas, algunas afectarían a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya han declarado ante la UCO aunque no han sido detenidos.
