Los presidentes de las federaciones territoriales de baloncesto, reunidos ayer para tratar la situación de la Federación Española de Baloncesto por un supuesto uso indebido de fondos del presidente José Luis Sáez que ha requerido una auditoría del Consejo Superior de Deportes, pidieron en un comunicado "medidas responsables" para mantener "un proyecto sólido y de estabilidad" en la FEB.

Dieciocho presidentes de las diecinueve territoriales, con la única ausencia del representante de la federación castellano-manchega que excusó su asistencia, se han reunido este miércoles en el recinto 'Espacio 2014' de la FEB durante tres horas, tras la auditoría reclamada por el CSD por un supuesto uso indebido de fondos que conciernen al presidente de la FEB.

"Ante las noticias que han surgido en los medios de comunicación durante la última semana, manifiestan que como estamento integrador del baloncesto español, las Federaciones Autonómicas creemos que la situación excepcional que estamos atravesando requiere la adopción de medidas responsables para mantener un proyecto sólido y de estabilidad gracias al apoyo de patrocinadores, instituciones, clubes, deportistas y aficionados", afirma el comunicado. "Los dieciocho presidentes de las Federaciones asistentes apuestan por apoyar el desarrollo de los proyectos en marcha del baloncesto español", agrega el texto.

La reunión de los máximos representantes de las federaciones territoriales, incluido el actual presidente de la FEB en funciones -Juan Manuel Martín Caño, que asumió el cargo por la baja médica de Sáez y dirige la federación madrileña- se inscribe en la auditoría complementaria de las cuentas federativas que está realizando el CSD por "presuntas prácticas corruptas", según reconoció la semana pasada su presidente, Miguel Cardenal.

El presidente de la Federación Catalana de Baloncesto, Joan Fa, que asistió al encuentro de hoy, confirmó el pasado 10 de diciembre que, en su condición de secretario del Comité de Auditoría, Control y Seguimiento de las cuentas de la FEB, remitió en octubre un informe jurídico a Cardenal en el que se detectaban "una serie de anomalías e incidentes que, presuntamente, podían afectar a José Luis Sáez, por lo que respecta a los fondos federativos".