La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que considera que el Barcelona cometió un delito fiscal al evadir a Hacienda unos 9 millones de euros en el fichaje del brasileño Neymar.

Según informaron fuentes jurídicas, en el informe Hacienda confirma que el club, imputado ya por Ruz por un delito fiscal, dejó de pagar a las arcas públicas ese dinero por la contratación del delantero.

Tras este informe, el juez Ruz ha citado como imputados para el próximo 13 de junio al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al representante legal del club Antonio Rossich.

El Barcelona ya presentó a Hacienda una declaración complementaria de 13,5 millones de euros por el fichaje del internacional brasileño, por lo que podría ser que el procedimiento acabe en un pacto con la Fiscalía.

El Barça explicó que el pago de esa cantidad (concretamente 13.550.830,56 euros) tiene como objetivo "dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan dar a todos los contratos firmados con motivo del fichaje del jugador Neymar".

Según el fiscal, el Barcelona incurrió en un fraude tributario de 9,1 millones de euros, al no declarar debidamente el pago a las sociedades vinculadas al jugador brasileño, ex del Santos, de diez millones de euros en 2011 y otros 27,92 millones en 2013.

Esos 9,1 millones supuestamente defraudados correspondería al 24,75% de los 37,9 millones que el Barcelona pagó a las empresas del entorno de Neymar y que la fiscalía entiende que no forman parte del traspaso sino del salario del jugador y, por lo tanto, deben ser considerados como rendimiento de trabajo.

Ruz concluye que Neymar tenía en el momento de fichar por el conjunto azulgrana la condición fiscal de "no residente", por lo que "la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto del 24,75% de los rendimientos" del internacional brasileño.

Ante esta situación, el Barcelona ha optado por regularizar su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el fraude tributario sería menor y podría llegarse a un acuerdo.