A partir del 14 de marzo el juez Rafael García Pérez estará en disposición de certificar la deuda real del Deportivo, que la administración concursal cifra en 156 millones de euros y los rectores del club en una cantidad inferior. Será entonces cuando pueda negociar con los acreedores y marcar las condiciones de pago que establece la ley, así como la quita a las cantidades que le correspondan, de lo que se colegirá la cifra total que el club tendrá que pagar, así como el periodo de tiempo de que dispone para hacerlo. Solo Hacienda, NCG Banco y Banco Gallego, disponen de cantidades importantes consideradas como deuda privilegiada, que es la susceptible de cobro en su totalidad.

El consejo de administración del Dépor está evaluando presentar una propuesta de quita del 33% durante un periodo de 20 años. Es la fórmula que consideran más adecuada en el club para satisfacer los cerca de cien millones que dicen que adeudan. Una vez conocida la propuesta, serán los administradores los que la estudien y decidan si trasladarla a los acreedores, que serán los que valoren la oferta. Así, de la deuda que reconoce el club, habría que restar ese 33% para dejar en menos de 70 millones el total al que tendría que hacer frente, pero diversos especialistas coinciden en que es difícil precisar cómo aplicar la quita a los diferentes deudores porque cada situación merece un análisis individual.

El montante más importante de la deuda que figura en el informe de los administradores concursales es el que corresponde a la Agencia Tributaria, cifrado en 93,7 millones por los responsables concursales. El Deportivo discrepa, ya que insiste en que hay que deducir los 14 millones del primer pago de los derechos de televisión, los juicios que le ganó a Hacienda y la tributación del IRPF e IVA de enero. Según el club, habría que deducir unos 36 millones. Pero la importancia de la deuda está en la categoría en la que se establezca, pues de esos 93,7 millones que reclama Hacienda 53,8 corresponden a la deuda privilegiada, que es la que hay que pagar inexorablemente. Eso ya lo explicó Lendoiro el mismo día en que los abogados del club presentaron la solicitud de la entrada en la ley concursal. "La deuda privilegiada, que es la que corresponde al IRPF hay que pagarla al cien por cien; luego está la ordinaria (9,6 millones) que entra en la valoración que hagan los administradores con el conjunto de los demás acreedores", que podría tener una quita de hasta el 50%, y, finalmente está la subordinada, la referida a las multas, interés "que hay que liquidar con posterioridad a las anteriores", había explicado el presidente.

En ese sentido habría que entender que la mayor parte de la deuda que reclaman los acreedores es susceptible de quita, toda vez que la mayoría es deuda ordinaria, a excepción de la de NCG Banco, que asciende a 26,5 millones y la del Banco Gallego, que es de 9,5 millones, que están consideradas de privilegio especial. Es decir, tendrán que ser abonadas íntegramente. Aunque en este aspecto diversos especialistas coinciden en que cada caso conviene analizarlo individualmente y que es posible llegar a acuerdos. Porque en el supuesto caso de la liquidación del club, son conscientes de que se quedarían sin percibir un solo euro de los que reclaman. En este sentido cobra especial importancia el alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria.

Expertos en economía financiera y procedimientos concursales coinciden en que el informe elaborado por la empresa AD Cryex añade incertidumbres al colocar la deuda en los 156 millones y reducir el activo deportivista desde los 185 a los 91 millones. En su opinión, el futuro de la entidad queda a expensas del convenio que se logre firmar con los acreedores, aunque al mismo tiempo advierten de que el desfase entre las cuentas declaradas por el club y las elaboradas por los administradores aumenta la desconfianza. En el fondo, añaden, se trata de una cuestión casi de índole "política".