Un juicio a las prácticas contables del fútbol español. Eso es lo que se dilucida estos días en los juzgados mercantiles de Pontevedra, donde se sientan como imputados Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez, a los que se les acusa de prácticas contables anómalas que llevaron al Celta a entrar en ley concursal para evitar su quiebra cuando su deuda rebasó los 80 millones de euros. Es el mismo procedimiento que sigue una veintena de equipos de Primera y de Segunda División para rebajar un endeudamiento salvaje, y que ya se trató de frenar sin éxito con la creación de las sociedades anónimas deportivas en los años noventa.

Y la importancia del pleito que se desarrolla en Pontevedra ha convocado a parte de la cúpula del fútbol español. Si Alfredo Rodríguez recurrió para su defensa a los servicios del abogado Javier Tebas, exvicepresidente primero de la Liga de Fútbol Profesional hasta hace unos meses, ayer reclamó la presencia como testigo de Carlos del Campo. El secretario general de la LFP abrió ayer el turno de declaraciones explicando que fue precisamente la Liga quien recomendó a los clubes, a través de una circular, que no incluyesen las actas de Hacienda recurridas en sus balances económicos.

Recordó Del Campo en su declaración que las actas por impago de IRPF e IVA comenzaron a incoarse por parte de Hacienda a partir del año 2000. "Fue una inspección sectorial que no afectó al País Vasco por contar con un régimen fiscal diferente, pero sí a todos los clubes de Primera, y después algunos de Segunda". Hubo diversas reuniones en la LFP, recordó, para recibir asesoramiento a cargo de expertos externos de prestigio. El secretario general de la Liga cifró en "seis o más "reuniones las celebradas para abordar este asunto de vital importancia para las cuentas económicas de los equipos.

"La Liga difundió una circular (nota informativa) con la recomendación de no incluir las actas en el cálculo del patrimonio neto y consignarlas como salvedad en el informe de auditoría", añadió Del Campo. A ese procedimiento se ajustó el consejo de administración del Celta que presidía Horacio Gómez. Los administradores concursales, sin embargo, lo consideran una práctica anómala. El fútbol español, en este caso, se enfrenta a un juicio en el que se dilucidará si realiza prácticas contables que no se ajustan a la legalidad.