REDACCIÓN - VIGO
El Juzgado de lo Mercantil de Vigo se declaró incompetente en la demanda que Hacienda presentó contra Horacio Gómez y su consejo de administración y la traslada al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, el que tramita desde hace dos años el concurso de acreedores del Celta.
José María Blanco, el titular del juzgado vigués, dictó ayer un auto en el que apreciaba "falta de competencia" al entender que en virtud del artículo 8.7 de la Ley Concursal "su conocimiento y fallo corresponde al juzgado que tramita el concurso de acreedores del Celta de Vigo" que en este caso es el número uno de Pontevedra. Se da la curiosa circunstancia de que en estos momentos José María Blanco también se encuentra al frente del juzgado pontevedrés con lo que la demanda de la Agencia Tributaria sigue en sus manos aunque en distinta dependencia judicial. Blanco es titular del juzgado vigués, pero compatibiliza ambos mientras no llega al tres de Pontevedra su nuevo titular.
En su demanda Hacienda reclamaba al juez el embargo de bienes del antiguo consejo del Celta por valor de 33,5 millones. La Agencia Tributaria considera al antiguo órgano directivo celeste responsable de una gestión negligente y pedía al Juzgado Número 3 que los directivos respondiesen patrimonialmente por la deuda generada con el fisco entre los años 2000 y 2008, lo que obligó al club a cogerse a la Ley Concursal para evitar su desaparición.
Traslado
En vez de presentar la demanda en el mismo juzgado que desde hace casi dos años tramita el proceso concursal del Celta la Agencia Tributaria optó por presentarlo en el Juzgado de lo Mercantil número 3, ubicado en Vigo. Sin embargo, el juez titular de la plaza, José María Blanco, entiende que admitir la demanda o no le corresponde al juzgado que lleva el concurso de acreedores del Celta. De este modo, el asunto cae en el tribunal pontevedrés que deberá ser el que tome una decisión en torno a la demanda presentada por la Agencia Tributaria.
Ayer, tras conocerse la noticia, no se produjo reacción alguna por las partes involucradas en el asunto. El Celta mantuvo la política de silencio absoluto puesta en marcha cuando se supo que la Agencia Tributaria demandaba al anterior presidente y a su consejo de administración pese a que en aquel órgano directivo también figuraban el actual presidente del club, Carlos Mouriño, y el vicepresidente Ricardo Barros. Según dijo el Celta en su momento ni Mouriño ni Barros tenían responsabilidad ejecutiva en la gestión del consejo de Horacio Gómez y eso, sumado al propio informe de los administradores concursales que respaldaba esta versión, les exonera de toda responsabilidad. Mientras, en el entorno de Horacio Gómez se mostraban "discretamente" satisfechos por la decisión aunque tienen claro que la cuestión aún puede tener más recorrido. Desde el mismo momento de la presentación hace dos semanas de la demanda por parte de Hacienda dudaban de la competencia del juzgado de Vigo y entendían que lo lógico era que fuese el pontevedrés el que cargase con la resolución de este asunto. Finalmente esa misma opinión ha tenido José María Blanco, el juez titular del número 3 de lo Mercantil de Vigo.
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