A.A. - VIGO
El fiscal encargado del proceso concursal del Celta, Augusto Santaló, ha modificado su petición de pena para Horacio Gómez. Santaló había solicitado en principio al juez que castigase al ex presidente a pagar el 35 por ciento de los créditos no resueltos, una cantidad que podía rondar los 11 millones de euros. Ahora modifica su criterio y pide que Gómez se haga cargo del aumento del pasivo del club entre 2002 y 2006. Como ese concepto en realidad disminuyó, el tomiñés no tendría que hacer frente a indemnización alguna. La última palabra le corresponde en todo caso al titular del juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra. Las partes implicadas pronostican que la vista podría celebrarse a principios de marzo.
La administración concursal, con los votos a favor de José González y Francisco Prada, consideró a Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez como culpables de la entrada del Celta en proceso concursal y al auditor José Manuel Patiño como cómplice. Estos dos administradores entendían que la ley no permitía solicitar un castigo económico para ellos. Sí pedían la inhabilitación de los tres durante cinco años para gestionar bienes ajenos. El tercer administrador, Carlos Pérez Bouzada, votó en contra de este dictamen y considera el concurso fortuito.
Augusto Santaló refrendó de forma inmediata las tesis de la administración concursal pero agravando las penas. En su informe remitido al juez el 15 de diciembre, doblaba la inhabilitación a diez años. Y recomendaba que Horacio Gómez pagase a los acreedores concursales "el 35 por ciento del importe de los créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa". Los acreedores que habían optado por la quita del 85 por ciento veían elevada la cuota de cobro hasta el 50 por ciento; los que eligieron la quita del 50, hasta el 85 por ciento (los que eligieron capitalizar el 100 por 100 de lo que el club les debía no han perdido nada, al menos en teoría). En total, Horacio Gómez se arriesgaba a pagar cerca de 11 millones de euros.
La situación ha cambiado desde la propia perspectiva del fiscal. Santaló remitió el día 21 de diciembre un escrito de "aclaración-rectificación y ampliación" al informe anterior. En esa aclaración suprime la petición anterior del 35 por ciento del importe de los créditos y en su lugar pide que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.2.3 de la Ley Concursal se condene al anterior administrador de la sociedad D. Horacio Gómez Araújo a indemnizar a la masa en el importe que ha incrementado el pasivo de la concursada entre el ejercicio 2002 (fecha en la que debió solicitarse la disolución) y el cese como presidente-consejero delegado (2006) de la misma".
El panorama experimenta un cambio radical. Entre 2002, cuando supuestamente el Celta empezó a funcionar con fondos propios negativos, y verano de 2006, cuando Horacio Gómez abandonó la presidencia, el total pasivo del club se redujo. De 79 millones (70 más los 8,7 millones de Hacienda contemplados en la Auditoría) pasó a 75 (53 más 21 del ajuste del endeudamiento, con partidas como los 17 millones de la provisión de Hacienda o los 2 de primas). El pasivo volvería a aumentar en los dos primeros ejercicios de la presidencia de Carlos Mouriño.
En consecuencia, si el juez aplicase estos criterios contables, Horacio Gómez no debería pagar euro alguno aunque fuese declarado culpable. Eso, en todo caso, debe resolverse en un proceso aún complejo. El juez debe dar traslado a las partes, recibir sus alegaciones y convocar posteriormente la vista. Será difícil que el juicio se celebre antes de marzo.
Hay muchas cuestiones interesantes en juego. La batalla legal puede resolverse en detalles como los plazos. La Ley Concursal amplía la búsqueda de responsabilidades a los dos años anteriores a la entrada en el proceso, que en el caso celeste se produjo el 4 de julio de 2008. El traspaso de poderes entre Horacio Gómez y Carlos Mouriño se escenificó el 18 de mayo de 2006. Los asesores legales del ex mandatario creen que su cliente está fuera de la zona de peligro, algo que también reflejó Carlos Pérez Bouzada en el razonamiento de su voto particular.
