Un calco del informe de los administradores

REDACCIÓN - VIGO El escrito de calificación del ministerio público sobre el proceso concursal del Celta, al que ha tenido acceso este diario, no arroja nueva luz sobre las supuestas irregularidades cometidas por el ex presidente Horacio Gómez entre los ejercicios 2002 y 2006. En apenas dos folios, El fiscal, Augusto Santaló, sintetiza el anterior dictamen de los administradores concursales, que consideran (con el voto discrepante del abogado Carlos Pérez Bouzada) a Gómez culpable de la situación de insolvencia del Celta y destapan la existencia de presuntas prácticas contables anómalas para enmascarar la situación de la entidad.
Agusto Santaló eleva en tres años (de siete a diez) la petición de pena de inhabilitación para Horacio Gómez, su director general, Alfredo Rodríguez y pide además que el ex presidente responda con su patrimonio por "el 35 por ciento de los créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa".
Se pide también diez años de inhabilitación para el auditor de las cuentas, José Manuel Patiño, al que se considera cómplice de los hechos. El fiscal estima que "sin su concurso no hubiese sido posible la credibilidad de las cuentas pues aunque los informes de auditoría reflejan algunas salvedades, guardan silencio sobre las más relevantes y aún en las mencionadas se hace en términos ambiguos".
Los argumentos del ministerio público para defender la tesis de la culpabilidad de Gómez son ya conocidos: presentación de cuentas anuales que no reflejan la imagen fiel del patrimonio de la entidad y diversas anomalías contables que figuraban como salvedades en los informes de auditoría que posteriormente fueron regularizados por los actuales administradores,
Los gastos regularizados que se detallan son: derechos de imagen de jugadores devengados en ejercicios anteriores (723.077 euros), primas y gastos de varios jugadores procedentes de anteriores ejercicios, (3.410.172), desactivación de saldos generados por gastos de ejercicios anteriores (5.096.586), desactivación de saldo de jugadores erróneamente activados (12.000.000), dotación de provisión para impuestos (17.970.484), ajustes de saldos bancarios de cuentas canceladas en ejercicios anteriores (21.694), primas del ejercicio 2006-07 al cuerpo técnico (28.337), pagas extra de la plantilla deportiva imputables a temporada anterior (130.736) y otros (374.733).
Explica el fiscal que una parte importante (24.299.580 euros) de estas anomalías contables figuraban como salvedades en los informes de auditoría y las memorias de las temporadas correspondientes y partiendo exclusivamente de estos datos la sociedad venía funcionando con fondos propios negativos desde 2003 incumpliendo de este modo la obligación legal de disolverse.