El fiscal cree que la "gravedad de los hechos" le llevan a pedir una sanción mayor para Gómez

REDACCIÓN / VIGO Augusto Santaló, fiscal responsable del proceso concursal del Celta, ratifica en el informe presentado al juez lo que los administradores concursales dijeron desde el primer momento y es que la sociedad "viene trabajando en quiebra desde la temporada 2002-03 y que se trataba de enmascarar una situación de fondos propios negativos y el estado real de la sociedad". De este modo Santaló avala la propuesta de culpabilidad realizada por la administración concursal por lo que pide la inhabilitación de diez años para Horacio Gómez, Alfredo Rodríguez y el auditor Patiño; y que el ex presidente del Celta responda con su propio patrimonio hasta cubrir un poco más de un tercio de los créditos que quedaron sin pagar. En el informe también se dice que el nuevo consejo de administración regularizó la situación y por este motivo le deja libre de responsabilidades.
Santaló entiende que "ante la gravedad" de los hechos debía exigir responsabilidades superiores a las propuestas de la administración concursal, que sólo reclamaba una inhabilitación de cinco años. Es por eso que aumenta la petición de inhabilitación a los diez años y reclama que el administrador de la sociedad durante el periodo en cuestión, Horacio Gómez, responda con su patrimonio. La decisión de por qué reclama el pago del 35% de los créditos que quedaron impagados se debió, según el fiscal, "a una ponderación. Para ello he tomado como referencia recientes sentencias tanto del Juzgado de lo Mercantil como de la Audiencia en la que se ha dictado la culpabilidad de un proceso concursal. En estos casos siempre se han manejado porcentajes similares".
A juicio de Santaló la culpabilidad del proceso concursal del Celta está clara porque "a lo largo del tiempo se han ocultado pérdidas y gastos, se han cometido una serie de irregularidades contables con la idea de ir ocultando la situación real de la sociedad, lo que ha podido afectar a la credibilidad de la empresa y le ha supuesto un importante perjuicio".
La decisión de pedir responsabilidades patrimoniales sólo a Gómez se debe según Santaló a una "limitación legal" y es que el artículo 172.3 de la Ley Concursal dice que sólo se pueden pedir responsabilidades de ese tipo al administrador de la sociedad: "En este caso sólo es uno porque los otros son un vocal y un auditor. Si lo hubiera decidido así habría tenido que ir a por todo el consejo de administración y entiendo que ellos no son responsables".
Voto particular
En el informe remitido al juez, el fiscal tampoco parece haber tenido en cuenta el voto particular de uno de los administradores concursales, Carlos Pérez Bouzada, que no estaba de acuerdo con sus compañeros y creía que la situación del Celta se debía a otros condicionados como el hecho de haber perdido la categoría, lo que supuso un descenso brutal de los ingresos: "No me convence", comentó.
Santaló admite que haya podido generar alguna clase de sorpresa que su petición de sanción sea notablemente superior a la que los administradores concursales hicieron constar en su último informe: "Tenemos nuestro propio criterio –dijo en relación al papel del ministerio fiscal en estos casos– y entiendo que debo pedir responsabilidades porque los hechos son suficientemente graves como para reclamar una sanción mayor". El fiscal también agradeció el trabajo de los administradores porque cree que sirvieron la información de manera "muy clara" y que eso le ayudó a tomar una decisión en un espacio de tiempo más corto de lo que en un principio se imaginaba.